Columna | P U L S O     P O L I T I C O

              Los próximos días serán de agitación política en Puebla, pues hay dos temas que han venido a romper la tranquilidad de la entidad: la negativa del IEE de otorgar el registro de partido político local a la Asociación Antorcha Campesina y la negativa de camioneros del servicio urbano, de cumplir con los compromisos adquiridos después del aumento en el precio del pasaje.

             Ayer los antorchistas, realizaron una marcha y una concentración en el zócalo de esta capital, con la participación de unas diez mil personas, para protestar contra la negativa de darles el registro como partido político local, pese a que dicen, han cumplido cabalmente con los requisitos que se les exigen.

             El vocero de Antorcha, informó que en los inicios de sus gestiones, estaba como consejera presidenta Marisol Martínez Orbea, ante quienes presentaron la petición para formar un partido a nombre de Podemos Puebla.

             Se nos informó que ese nombre ya existía registrado y que no podría hacerse el trámite para un nuevo registro. Entonces se decidió iniciar el proceso con el nombre de Asociación Antorcha Puebla.

           Se les impusieron como requisitos realizar 18 asambleas en el estado y ellos realizaron 23. También debían tener un mínimo de 11 mil 700 afiliados y ellos presentaron un listado de 17 mil.

            La consejera presidenta, fue sustituida por Miguel Angel García Onofre y el nuevo funcionario convocó a una reunión del consejo del orgaismo electoral, la que se llevó a cabo a puerta cerrada.

            En esa reunión se determinó que no era posible otorgarnos el registro como partido político local, porque las actuaciones para ello, se habían hecho fuera de los tiempos que marca la ley.

            Ante esa actitud, la organización Antorcha de Puebla, decidió luchar para hacer valer su derecho, mediante manifestaciones, plantones, etc., lo que inició ayer.

             La manifestación fue concurrida y salió de varias partes de la ciudad con destino al zócalo, provocando problemas de embotellamientos por todos los rumbos de la ciudad.

              Ya en el zócalo y con el dirigente antorchista del estado, Juan Celis al frente, se inició el mitin en el que varios oradores hicieron uso de la palabra.

              Muchos de los oradores estuvieron agresivos en sus intervenciones y una cosa dejaron en claro, que van a continuar su lucha pese a las amenazas que han recibido y que obligarán a las autoridades electorales a cumplir con su obligación de atenderlos y reconocer el proceso que han llevado a cabo en todo el estado y ante enviados especiales del Instituto Estatal Electoral, pues nada se ha hecho al margen de la ley.

                El asunto del transporte público se ha complicado debido a que los permisionarios, se niegan a cumplir con el compromiso contraído, con el gobierno del estado, de modernizar sus unidades, después de que fue autorizado el aumento en el precio del pasaje.

                 Según afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, si los permisionarios no cumplen en la fecha fijada para ello, se les empezarán a retirar las concesiones.

                El compromiso fue, instalar en sus unidades aditamento que sirvan para evitar los asaltos a los pasajeros, como alarmas, botones de pánico y que se mejores los vehículos en malas condiciones para dar mayor comodidad a los pasajeros, además de que se retiren las unidades que están ya en etapa de jubilación.

               De acuerdo con lo afirmado por el gobernador, este movimiento de rebeldía de los transportistas, lo está organizando Arturo Loyola , persona allegada al extinto exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

               Faltan seis días para que venza el plazo otorgado a los transpotistas para que sus unidades estén en condiciones de seguir trabajando. Habrá operativos para retirar a las que no hayan cumplido y en caso de persistir en su actitud, les será retirada la concesión a los propietarios de la misma.

            Por su parte, el secretario de Transporte del Estado, profesor Guillermo Aréchiga Santamaría, dijo que los permisionarios que amenazan con no cumplir el compromiso contraído, son una minoría, pues muchos han estado cumpliendo, incluso adquiriendo nuevas unidades para sustituir a las que ya deben dejar de trabajar.

            Lo que no dicen, afirma Aréchiga, es que el gobierno ha estado cumpliendo con el pago del subsidio para compensar los descuentos que se hacen a estudiantes y personas de la tercera edad. Y si el gobierno cumple con lo acordado, ellos están obligados a hacer lo mismo.