Columna | P U L S O    P O L I T I C O

              La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Vianey García Romero, anunció que presentará una propuesta para sancionar a los funcionarios que cometieron actos de violencia política de género y evitar que compitan por cargos de elección popular.

              Si esa propuesta se aprueba, que es casi seguro, pues el horno no está para bollos, podría poner fin a las carreras políticas de dos diputados, que cuando se iniciaron en el servicio público, parecían destinados a triunfar en esa actividad, por mostrarse sencillos, entusiastas, accesibles para la gente.

             Se trata de los diputados José Juan Espinosa, el JJ y de Héctor Alonso Granados, que han recorrido partidos y siempre habían caído bien parados y tienen una buena trayectoria como legisladores. Pero su arribo al Congreso por Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, los desubicó.

             Se llenaron de soberbia, creyendo tal vez, que la elevada votación que obtuvo ese partido era debido a su presencia, es decir, que la votación de miles de votos obtenida por los candidatos morenistas, era por méritos propios y la realidad es que fue el candidato presidencial el que con su enorme popularidad arrastró a muchos candidatos a diputados, senadores y presidentes municipales, llevándolos al triunfo, incluso a verdaderos desconocidos sin oficio político.

             Ya como diputados, empezaron a actuar como si los demás diputados y diputadas de Morena, fueran  sus discípulos y ellos pudieran llamarles la atención incluso en forma descomedida.

             Esa actitud, fue especialmente resentida por las mujeres, que protestaron airadamente por el trato que les daba y que acabaron degradándolos hasta convertirlos en diputados del montón.

             La propuesta de la diputada García Romero, según dijo ella, no tiene como objetivo la venganza. En ningún momento se pensó en perjudicarlos, simplemente que como están las cosas se tienen que adoptar medidas contra los discriminadores de las mujeres en todos los ámbitos y el medio político, donde la mujer siempre fue ignorada, adoptar medidas que castiguen a los discriminadores, son sumamente necesarias.

              Al hacer uso de la palabra durante la inauguración de la III sesión  de la elaboración de guías judiciales en conducción de audiencias, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, reafirmó su respeto a la división de poderes en el estado, al decir, ante el Presidente del Tribunal Superior del Estado, Héctor Sánchez Sánchez y ante el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Carlos Antonio Alpizar, que en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, para aplicar la Ley Penal y sancionar a responsables con estricto respeto a los Derechos Humanos, no así para proteger a delincuentes, el Poder Judicial del Estado, cuenta con toda libertad, sin ninguna cortapisa por pare del Poder Ejecutivo a su cargo, para actuar conforme a la ley. Afirmó que el nuevo sistema penal acusatorio, se empezará a aplicar en las 32 regiones de administración de justicia del estado.  El Poder Ejecutivo que el propio gobernador encabeza, siempre será respetuoso de las decisiones que tome el Poder Judicial.

               El asesinato de cuatro jóvenes en la región de Huejotzingo, tres de ellos estudiantes universitarios de la BUAP y de la UPAEP, dos colombianos y un mexicano, así como el chofer del UVE en que viajaban, ha sacudido a la opinión pública de la entidad, sobre todo a los jóvenes estudiantes, que ayer mismo tuvo lugar una manifestación conjunta, de más de 5 mil jóvenes estudiantes, que salieron a la calle para demandar justicia.

              Por fortuna, las autoridades de la Fiscalía General del Estado, anunciaron tener ya en su poder a tres sospechosos de haber participado en los hechos.

           Entre con mayor rapidez actúen las autoridades, entre mejor desempeñen su trabajo los cuerpos de seguridad y las fiscalías y los juzgados, mayor confianza tendrán los ciudadanos en las autoridades, y eso influirá en la disminución de la delincuencia, es decir, se abatirán los índices de inseguridad y violencia.

           La impunidad, ya lo hemos dicho, la propician la ineptitud o corrupción de quienes tienen a su cargo el castigo de los delincuentes. Por eso es tan necesario que los diputados tengan el mayor cuidado en elegir al próximo fiscal del estado. Ya lo hemos visto aquí en Puebla: un mal fiscal, propicia la corrupción, la inseguridad y el aumento de la criminalidad. Un buen fiscal, contribuye en mucho a terminar con esos flagelos.