La simbiosis entre corrientes partidistas resultado de una concupiscencia maligna y corrupta en razón de satisfacer sus ambiciones de poder, ha llegado al límite de lo inaceptable, tal es la voracidad y desvergüenza de nuestros representantes populares, que en su afán por controlar e influir en las decisiones del órgano jurisdiccional supremo en materia electoral, el pasado 25 de octubre los senadores de la republica presentaron una reforma para que cuatro de los siete nuevos Magistrados electorales prolonguen su encargo.

Con el inverosímil fundamento de fortalecer la inamovilidad judicial, y garantizar en favor de la sociedad, tener juzgadores idóneos que aseguren una impartición de una justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, los senadores Emilio Gamboa Patrón, Fernando Herrera Ávila, Miguel Barbosa Huerta, Carlos Puente Salas, Fernando Yunes Márquez, Ivonne Álvarez García y Angélica de la Peña Gómez, responsables de este acto lascivo a la democracia, que ellos denominan iniciativa, pretenden modificar el artículo 4 de las disposiciones transitorias del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La reforma propone que cuatro de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), electos por el Senado el pasado 20 de octubre y cuyo mandato inicia el 4 de noviembre, amplíen el periodo en su cargo de la siguiente manera:

Los dos magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019, durarán en su encargo hasta el 31 de octubre de 2023.

Los dos magistrados electos para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2022, durarán en su encargo hasta el 31 de octubre de 2024.

Y los tres magistrados restantes ejercerán su encargo en los mismos términos de la elección realizada por Senado, es decir, en el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2025.

Lo anterior con el único fin de controlar transexenalmente las decisiones del TEPJF, y seguir protegiendo los intereses de sus partidos políticos, esto sustentado en los perfiles de quienes resultaron elegidos para ser magistrados, ya que no resultaron ser los de mejores credenciales en materia electoral y seis de los siete con clara filiación partidista, tres vinculados al PAN, y con uno PRI, PRD y PVEM.

Los del PAN: José Luis Vargas Valdés, fue fiscal de la FEPADE en 2010, con Felipe Calderón, maestro en derecho del ITAM, ahijado político de Santiago Creel y muy cercano a María Luisa Calderón; Reyes Rodríguez Mondragón, también maestro por el ITAM y ex magistrado de la sala regional de Monterrey, sin publicaciones en materia electoral y apoyado por Roberto Gil Zuarth; Indalfer Infante González, licenciado con carrera en el Poder Judicial, sin obra publicada en materia electoral, lo apoyó el presidente en funciones del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, su filiación al PAN es tan fuerte que para los senadores del blanquiazul su elección era una prioridad, sin él, decían en las negociaciones, no había acuerdo posible.

Por el PRI, Mónica Soto Fregoso, ex magistrada de la sala regional de Jalisco del TEPJF, licenciada en derecho con carrera en materia electoral, aunque sin libros publicados en la materia, contó con el apoyo del líder de los senadores Emilio Gamboa.

Felipe de la Mata Pizaña, por el PVEM, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, con carrera en materia electoral y autor de cinco libros, lo apoyó la ministra de la Corte, Margarita Luna Ramos y la procuradora Arely Gómez.

Y por el PRD, Janine Madeleine Otálora Malasis, licenciada en derecho y doctora en ciencias políticas por la UNAM, ex magistrada electoral de la sala regional de la ciudad de México y titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, tiene publicado el libro “La Justicia Electoral en Francia”, contó con el apoyo de la presidenta Alejandra Barrales y de la ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García, actual secretaria del Trabajo de la ciudad de México.

Como pueden observar todos a excepción de Felipe Alfredo Fuentes Barrera, tiene ya una encomienda distinta a la justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, en materia electoral, supuesto fundamento de tan indigna propuesta legislativa.