La Comisión Federal de Electricidad fue creada en 1937 como empresa pública sin fines de lucro, para ofrecer el servicio público eléctrico al 60% de los mexicanos que carecían de este servicio fundamental; y es ahora empresa productiva que garantiza la rectoría del Estado, para ofrecer el suministro eléctrico que ya alcanza al 99% de los mexicanos.

La CFE contribuye a dar cumplimiento al mandato del Artículo 27 constitucional, que señala que la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, corresponde exclusivamente a la Nación.

El Estado, al ejercer en estas áreas estratégicas su rectoría, protege la seguridad y la soberanía de la Nación. El Estado mexicano es responsable de garantizar el suministro de energía eléctrica.

La ley establece que la CFE es empresa productiva de interés público y propiedad exclusiva del Estado mexicano.

Por mandato de ley la CFE actúa de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental; procura la productividad con sustentabilidad, minimiza costos de la industria eléctrica en beneficio de la población, contribuye al desarrollo nacional, garantiza el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, así como la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia.

La CFE presta el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica por cuenta del Estado mexicano; genera, distribuye y comercializa energía eléctrica y productos asociados, compra y vende combustibles, ejecuta proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.

Conforme a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), el suministro eléctrico es un servicio de interés público y las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el control operativo del SEN son de utilidad pública y se sujetarán a las obligaciones del Servicio Público y Universal.

El gobierno federal, generadores, transportistas, distribuidores, comercializadores, usuarios calificados, participantes del mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias, ejecutarán los actos necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del SEN.

Las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias y filiales son los responsables, en términos de ley, de garantizar el suministro eléctrico a los usuarios finales.

El Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, permite a la CFE asegurar la confiabilidad y seguridad del sistema, y la participación de la CFE en el Mercado Eléctrico Mayorista de forma equitativa y competitiva, en beneficio de los usuarios finales.

El acuerdo del CENACE permite asegurar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional ante la disminución de la demanda de energía eléctrica por la pandemia y, debido a que las centrales eléctricas renovables intermitentes producen oscilación en el SEN y provocan interrupciones, requiere que la inyección de energía de estas fuentes sea postergada durante la pandemia.

De igual forma se decidió operar la red de transmisión a nivel máximo de diseño, para evitar afectaciones en las regiones de alta concentración de tecnologías renovables intermitentes. Con esto se garantiza el menor número de interrupciones a los usuarios finales.

La actualización de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad  del Sistema Eléctrico Nacional, permite la planeación adecuada de la construcción e interconexión de nuevas centrales eléctricas de acuerdo al crecimiento de la demanda eléctrica; el diseño y construcción óptimo de las redes de transmisión y distribución acorde con la ubicación de centrales eléctricas y centros de carga; garantizando en todo momento la confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad del suministro eléctrico a los usuarios.

La Política de Confiabilidad no vulnera el estado de derecho, porque no se cambian las leyes, sino que se mejoran las reglas de aplicación, para proteger el interés general, a fin de que no se causen apagones generalizados, debido al descuido de las reglas básicas de operación y planificación del sistema eléctrico, ante la alta concentración regional de generación intermitente.

Es incorrecto afirmar que la Política de Confiablidad vulnera el estado de derecho, por el contrario, se está asegurando la garantía de Suministro Eléctrico a los usuarios finales ante la pandemia.

La Política de Confiabilidad permitirá el desarrollo ordenado del crecimiento del sector eléctrico, acorde con el crecimiento económico del país.

Se busca articular nuevamente la planificación integral del Sistema Eléctrico Nacional, fortaleciendo a la CFE para que vuelva a ser pilar del desarrollo nacional, a fin de lograr la independencia energética y bajos costos, cumpliendo siempre con los compromisos internacionales de cambio climático y fomentando la generación distribuida, así como la electromovilidad.

Todo sistema eléctrico debe determinar el desarrollo de su infraestructura a corto, mediano y largo plazo, por lo que es importante la participación de la CFE en la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, definiendo la necesidad de nuevas centrales eléctricas, así como la inversión y desarrollo de las redes de transmisión y distribución.

No se debe olvidar que la CFE, a nombre del Estado, es responsable de la Red de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, por lo que su participación en la planeación del Sistema Eléctrico Nacional es indispensable y tiene fundamento constitucional.

Corresponde al gobierno federal reordenar, a través de la planificación, la integración de energías renovables de manera segura y confiable.

Es fundamental mantener la rectoría del Estado en energías renovables, independientemente de la participación de particulares nacionales o internacionales.

El plan de fortalecimiento de la CFE mediante la construcción de 24 centrales de generación, a través de una inversión de 8,000 millones de dólares, fomentará la inversión privada, la creación de empleos y contribuirá a la participación de generación renovable futura de manera segura y confiable.

Mediante el reconocimiento de costos por la penetración de generación renovable variable, la CFE resolverá la recuperación de costos y asegurará la confiabilidad y seguridad del suministro de más de 44 millones de usuarios.

La inversión privada nacional y extranjera continúa, pues México sigue siendo atractivo en este sentido, con inversiones en proceso en el sector y con un marco de regulación que permita la competencia equilibrada y sin corrupción.

México genera certeza para promover nuevas inversiones.