Los órganos constitucionales autónomos en México son aquéllos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución, y que no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado. El papel de los órganos autónomos es dotar de conocimientos técnicos e imparcialidad las decisiones del gobierno en áreas sensibles. Así, el surgimiento de estos órganos ha sido paulatino y su construcción, no ha sido una tarea fácil, porque juegan un papel muy importante para acotar el ejercicio del poder al representar un contrapeso a los gobiernos.

En la década de los 90’s, fueron creados el Banco de México (BANXICO), el Instituto Federal Electoral (hoy Instituto Nacional Electoral-INE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) éste último es un organismo público autónomo desde 1999. De 2000 a 2010 surgieron el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). De igual forma, en la última década, se han creado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia (COFECE), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI, cuyo antecedente fue el IFAI) y la Fiscalía General de la República.

Pero retomemos el tema en boga. El INEGI realiza en todo el territorio nacional diversos proyectos para el levantamiento de información estadística y geográfica. No obstante, el dirigente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que no es suficiente la medición del ingreso y gasto de las familias por deciles, sino que debe medir la concentración de riqueza, esto es, que el INEGI pueda entrar a cualquier domicilio sin ningún impedimento legal para medir el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Además, que dicho organismo también tenga acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y a información bursátil y financiera de cada ciudadano, como si tal hecho no se llevara a cabo en la actualidad cuando existe una investigación por delitos patrimoniales.

Sin embargo, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, afirmó que el grupo parlamentario no ha presentado ninguna iniciativa para que el INEGI pueda medir la riqueza del país o para ampliar sus facultades y las del SAT para propósitos de observar patrimonio, riqueza o capital.

Pero amén de lo anterior, retrocedamos un poco en la historia, pues si bien se prepondera que las autoridades en cuestión son órganos técnicos de control de las actividades de gobierno, que actúan representando el bien de la población, en sus distintas dimensiones, también es válido señalar que han sido cuestionados por el origen de los nombramientos de sus titulares y para muestra un botón, el otrora IFE inició sus actividades el 11 de octubre de 1990, con la primera sesión de su máximo órgano de dirección: El Consejo General, su primer presidente fue Fernando Gutiérrez Barrios, quien fungía como titular de la Secretaría de Gobernación o la CNDH tuvo como primer presidente a Jorge Carpizo McGregor, quien antes  fue procurador general de la República y secretario de gobernación federal.

Entonces, ¿cuál es la relevancia de sacar esto a colación? pues que, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, quien además de convivir con el Poder Legislativo y Judicial, tendrá que hacerlo con los 10 órganos constitucionales autónomos, los cuales pueden convertirse en su contrapeso o subordinársele. Sin embargo, el origen del mismo INE o de la CNDH bien se observa que desde su nacimiento la designación de sus integrantes no es el producto de una elección popular y si por parte del presidente hubiera la propuesta de reformas constitucionales sobre los organismos autónomos los partidos de oposición lo acusarán de buscar el debilitamiento del Estado mexicano y de pretender una mayor concentración del poder presidencial, para tener el control de los mismos y evitar con ello critiquen o descalifiquen sus decisiones, por que como lo ha dicho “tiene otros datos”.

De ahí, que sólo tiene dos caminos: buscar fortalecerlos como un auténtico demócrata para un mejor ejercicio del gobierno con transparencia y rendición de cuentas eliminando los vicios de los gobiernos neoliberales o bien debilitarlos por considerarlos incómodos para la toma de decisiones, anteponiendo el proyecto político de su grupo por encima de los intereses de los ciudadanos, pero de ocurrir lo segundo, no será sólo su responsabilidad, sino también de las Cámaras de Diputados y Senadores que al aprobar las reformas constitucionales sobre las funciones de los organismos autónomos, estarían avalando un gobierno dictatorial.