Hasta hace varios meses, Jalisco había sido el estado del país, que mayor reconocimiento había alcanzado en el ámbito jurídico-legislativo, entre medios de comunicación, redes sociales, académicos, analistas y periodistas, incluso a nivel mundial Yahoo había viralizado la noticia, de que se había convertido en el primer estado de México, que eliminaba el fuero constitucional para sus más de mil 500 funcionarios públicos.

A pesar de ello, para el Poder Judicial de ese estado, tal acontecimiento es irrelevante, si de aplicar la ley se trata, ya que los magistrados, viven en un mundo diferente al que sus legisladores intentaron entrar con una propuesta tan relevante y vanguardista de la realidad político-social imperante en el país, y siguen empecinados en aplicar la ley conforme a intereses políticos.

Así nos encontramos con el hecho, de que La Fiscalía General de Jalisco no puede ejercitar acción penal en contra del Magistrado Luis Vega Pámanes, investigado por tratar de violar la ley, intercediendo en favor de Víctor Manuel Andalón Zaragoza y Víctor Emmanuel Andalón Ramírez, de 43 y 22 años de edad, respectivamente, detenidos y acusados por el delito robo y asalto.

Lo anterior en razón de que, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, concedió el pasado viernes 28 de octubre, una suspensión para que Vega no pueda ser acusado ante un juez por delito alguno durante un periodo indefinido que se prolongará hasta 2017.

Dicha suspensión fue otorgada como parte de una controversia constitucional promovida por el propio Vega, en representación del Poder Judicial de Jalisco para impugnar la reforma de agosto a la Constitución estatal que eliminó por completo la figura del fuero constitucional a funcionarios.

Es decir, este “ilustre” magistrado está aprovechando que a nivel federal aún no se elimina del todo la figura del fuero constitucional, y en apego a que la normatividad de los estados debe estar conforme a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para impedir que le sea aplicada la ley por el delito contra la administración de justicia, que cometió en favor de los delincuentes anteriormente señalados, interpuso el recurso jurídico para seguir utilizando el fuero constitucional como escudo a sus actos de corrupción.

El efecto de la suspensión es que, una vez realizadas las investigaciones, la Fiscalía no podría emitir resolución sobre la responsabilidad del indiciado, sino hasta en tanto la Corte resuelva el fondo de la controversia planteada, lo cual ocurrirá hasta mediados de 2017, ya que la Corte no tiene plazo para resolver la misma.

Sin embrago, Vega Pámanes, solicito licencia sin goce de sueldo para apartarse de los reflectores y del escrutinio popular que no lo hagan enfrentarse al reproche social, la cual inició el dos de noviembre y concluye el 31 de diciembre, aunque después de esta fecha, podrá regresar en enero de 2017 y seguir ostentando la magistratura hasta agosto de 2024. La cual, dicho sea de paso,se encontraba legalmente impedido para detentar, ya que en 1984 fue detenido por robar un auto, matar a una persona y huir de la Policía. Según el expediente judicial, fue sentenciado a cuatro años de cárcel por homicidio imprudencial, lesiones y daños, aunque sólo estuvo cuatro meses en prisión.

A pesar de lo anterior, fue elegido por el Congreso de Jalisco para ocupar el cargo de Magistrado para un primer periodo de 7 años en agosto de 2007 y, en 2014, fue reelegido por 10 años más, pasando de delincuente a Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Jalisco. Así el Congreso del Estado lo ratificó en el cargo  ignorando sus antecedentes delictivos y sin respetar su normatividad interna, ya que era inelegible para ocupar el cargo.

Este vergonzoso caso, como otros más, que suceden en repetidas ocasiones en todo él país, nos demuestran que los Poderes Legislativos de los Estados, encargados de aprobar leyes, son los primeros en violarlas, cuando no la aplican o como en este caso, pasando por encima de ella, al otorgar este nombramiento a una persona que tiene antecedentes penales y se encontraba impedido para ser nombrado.

Esperemos que a pesar de lo anterior, Vega Pámanes sea castigado en alguna de las 5 solicitudes que enfrenta, de juicio político que obran en poder del Legislativo local, , aunque en realidad, sólo una de ellas ha sido radicada ante la Comisión de Responsabilidades, es decir, que ya inició formalmente el procedimiento. Aunque tampoco alberguemos muchas esperanzas ya que la figura del juicio político se ha convertido en una moneda de cambio de los partidos políticos para negociar acuerdos en varios temas, que créame usted, jamás tienen como objetivo principal el bienestar común de la sociedad a la que representan.