Después de 24 años sin actualizar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, que data de 1996 “Zacatlán da un paso importante hacia su renovación, con la firme convicción de contar con un ordenamiento territorial que exprese las previsiones para reglamentar, evitar crecimiento desordenado que impacte en carencia de servicios básicos, daños a nuestra riqueza natural, núcleos urbanos irregulares, caos en la movilidad e inseguridad”, señaló Juan Manuel López Arroyo, Secretario del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano.

Enfatizó la grave amenaza que representa la vulnerabilidad del municipio ante escenarios del cambio climático y sus efectos “que obligan a tomar medidas urgentes para enfrentar su impacto por lluvias extraordinarias, incendios forestales, sequías, cambios dramáticos de temperatura, desequilibrio ambiental, ya presentes o próximos a ocurrir, así como deforestación, pérdida de zonas de captación de agua, erosión, deterioro de recursos hídricos, baja fertilidad de los suelos, deterioro del sector agropecuario, así como riesgos por asentamiento en zonas de riesgo”.

Destacó que Zacatlán cumple con el compromiso internacional de la Agenda 2030, asimismo mencionó que también se cubrirá el objetivo 11 de los (ODS) “Ciudades y Comunidades Sostenibles” que señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual es apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional.

En ese sentido, aseguró que se responde a las necesidades, puntos de vista y aportaciones de la población a través de la participación ciudadana, mismas que se incluirán en el programa general “desde una perspectiva de oportunidad, es decir, qué tipo de ciudad queremos y evitar situaciones como las generadas, por ejemplo, por la actual pandemia”.

Subrayó que, ante este escenario estamos ante la gran oportunidad de ejecutar acciones coordinadas con los tres órdenes de gobierno “para revertir las graves consecuencias de falta de políticas públicas, mediante una normativa legal y jurídica que dé certeza al ordenamiento territorial”.