El empleo informal en México suma ya 31.3 millones de personas en ese sector. Oaxaca encabeza la lista. Cabe destacar que, el 56.7% de la población que labora en condiciones de informalidad, sólo genera 22.5% del Producto Interno Bruto (PIB), y el resto que se emplea en el sector formal el 77.5% restante, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

La composición de las actividades del sector informal revela que el comercio al por menor contribuye con mayor nivel de contribución, el cual es de 38.4%; la construcción es la segunda actividad en la lista, con una aportación de 28.2%; mientras el tercer lugar lo ocupa la industria manufacturera con 13.3% del total.

Los “otros servicios” ocupan 5.6% de todo el sector, lo referente a los servicios de transporte, correo y almacenamiento 5.4%, mientras los de alojamiento temporal y preparación de alimentos el 4.2%.

El empleo informal refleja una actividad económica precaria, por lo tanto, no se paga la totalidad o nada de los impuestos que se requieren, los puestos de trabajo que genera es de bajos salarios, con escasas o nulas prestaciones.

En la actualidad, la Pensión Garantizada se otorga con 1,250 semanas de cotización, lo cual impide a la gran mayoría de los trabajadores acceso a este beneficio, precisamente por el alto nivel de informalidad.

En efecto, hoy la Pensión Garantizada: se otorga a partir de los 60 años; con las semanas de cotización ya dichas y es el mismo monto para todas las personas, $3,289.00. Con la reforma se reduciría de 1,250 a 750 semanas el requisito para alcanzar una pensión garantizada para las primeras generaciones, es decir, el trabajador puede recibir una pensión a partir de los 15 años de cotización y no de los 25 años, como sucede actualmente.

Las aportaciones aumentarán de 6.5 a 15%, siendo la patronal la que absorba el incremento al pasar de 5.15% a 13.87 por ciento. La aportación del trabajador no se modifica y la del gobierno se transforma en una cuota social concentrada en los trabajadores de menores ingresos. Los trabajadores con derecho a pensión se incrementan de 56% a 97%, así la Pensión Garantizada incrementa su cobertura de 34% a 82% de los trabajadores.

Así pues, esta reforma fortalece la pensión garantizada al incrementar el valor de la pensión de un promedio actual de 3,289 pesos (80% de un salario mínimo) a un valor promedio de 4,345 pesos, que se otorgará en función de la edad, las semanas cotizadas y el salario base de cotización, pudiendo llegar hasta 220% del salario mínimo vigente.

Los trabajadores promedio podrían aumentar hasta un 40% su pensión al retirarse ya que se eleva la tasa de reemplazo en promedio alcanzando 103% para trabajadores con un ingreso de un salario mínimo y 54% para trabajadores con un ingreso de 5 salarios mínimos.

La edad necesaria para empezar los trámites de pensión seguirá siendo 60 años, lo que cambia con un número más bajo de semanas cotizadas es que, las personas que alcancen esa edad podrán retirarse cumpliendo alrededor de 15 años activos de cotización en vez de 25, que contempla la ley actual. Cabe destacar que la reforma contempla que el número de semanas se eleve paulatinamente a 1,000 semanas en los próximos 10 años.

La reforma al sistema de pensiones es un cambio positivo para los trabajadores e incluye reducción de comisiones. Sin embargo, el monto de la pensión que se reciba estará determinado por el saldo acumulado en la cuenta individual de Afore.

Lográndose esta meta, lo siguiente será conseguir que las empresas que limitan o niegan beneficios laborales a sus trabajadores, se los otorguen.

Uno de los principales problemas a resolver por el Gobierno federal y las Secretaria del Trabajo y Previsión Social, es inspeccionar las condiciones y pago de prestaciones que por ley deben otorgar las empresas a los trabajadores, y señalo esto, porque actualmente sigue existiendo la práctica de evadir y regatear a los trabajadores sus derechos consagrados en la legislación, en materia de trabajo y seguridad social, a través de la simulación y explotación de que siguen siendo víctimas, por lo que al no contar con cotizaciones ante el IMSS, el perjuicio que se les ocasiona es irreparable, de ahí que sería conveniente que el Congreso de la Unión legislara para tipificar como delito estas conductas de los patrones, con lo que se evitaría que se afecte a los trabajadores y se vulneren sus derechos. Me parece que esta reforma es de las mejores iniciativas de la 4T porque refleja su preocupación por apoyar a quienes por sus años de trabajo, son acreedores a una pensión que les permita tener una vida digna.