Columna | P U L S O    P O L I T I C O

        Le informamos en este espacio del gravísimo problema que surgió entre abogados laboralistas por el cierre absoluto de las oficinas de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, durante casi siete meses.

        La Secretaría del Trabajo siguió funcionando rotando a su personal, pero los casos que atendía no podían progresar porque la Junta Local de Conciliación y Arbitraje cerró totalmente sus puertas, como si el personal gozara de vacaciones.

        Nos comentan abogados que llevan asuntos de tipo laboral, que al término del gobierno de Rafael Moreno Valle, había 30 mil casos, como mínimo, acumulados y sin poder avanzar, pues fue un gobierno totalmente ajeno a la justicia laboral, como lo demuestra el caso de los trabajadores del Estado que fueron despedidos sin que se les cubriera lo que por ley les correspondía.

        Quien estaba al frente de la dependencia, era un sobrino de don Blás Chumacero, líder de la CTM poblana, que extorsionaba a los abogados laboralistas, exigiéndoles parte del cobro que por su trabajo hacían a sus defendidos. Una abogada se animó a denunciarlo, ya en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta y el en otro tiempo influyente ex diputado federal y local y quien fue también encargado del mantenimiento de la unidad habitacional La Margarita, de apellido Corona, fue a dar a la cárcel.

        El actual presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, licenciado Mario Arturo Daza Buendía, había sido un trabajador de años en la citada Junta y fue escogido por su experiencia para hacerse cargo de la dependencia.

        Los resultados han sido totalmente diferentes a lo que se esperaba, dijeron nuestros informantes, al grado de que el rezago de más de 30 mil casos, se hizo mayor en casi 10 mil casos más, de trabajadores que confrontaron problemas a raíz de la pandemia mundial de coronavirus.

       El gobernador Miguel Barbosa, expidió un decreto a fines de la semana pasada, que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, en el que se establece que el trabajo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, es prioritario y que por lo mismo, deberían reabrirse el lunes 5 de este mes las oficinas respectivas y atender los casos pendientes.

En el mismo decreto se establece que solo quedaban exentos de hacerlo, los empleados mayores de 60 años, los enfermos de diabetes o de hipertensión y obesos así como mujeres embarazadas, por ser más susceptibles a los contagios de coronavirus.

       Las oficinas se abrieron a las 9 horas y cerraron a las 14 horas. Y había colas de abogados litigantes con expedientes de los casos que llevan. Pedían hablar con el titular de la dependencia, Daza Buendía, pero no se apareció en ningún momento. Un solo abogado dicen que llevaba expedientes de 200 asuntos a su cuidado, que no han podido avanzar en meses.

       Los laboralistas, en medio de gritos de protesta cuando cerraron las oficinas a las 2 de la tarde, hicieron una improvisada rueda de prensa en la que demandaron al gobernador, el cambio del titular y el reforzamiento del personal para poder atender los rezagos que son importantes para todos, pues por la pandemia, la clase trabajadora se ha visto sumamente afectada en sus intereses, lo mismo que los litigantes que tienen atorados los casos a su cuidado y ellos acostumbran cobrar un porcentaje de lo que sus clientes logran como pago de sus prestaciones. Urge, expresaron, una total reorganización de la Junta, pues ahora que su funcionamiento es tan urgente, es cuando sufre el mayor desorden administrativo de que se tenga memoria.

           LA ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA NACIONAL de “Morena”,  el partido en el poder, aparece sumamente complicada. Y todo por no seguir los lineamientos de democracia interna que todos los partidos deberían seguir.

          Al igual de lo que ocurre en el PRI, en el PAN o en el PRD, los dirigentes son impuestos por un pequeño grupo y no por la mayoría de sus militantes.

          En el caso que nos ocupa, la elección fue ideada por las autoridades electorales, no se sabe si para agudizar los enfrentamientos internos que sufre ese partido, como todos los demás o para eliminar a alguno de los grupos en conflicto.

          El caso es que se pretende, hasta ayer, dejar a la dirigencia provisional hasta pasadas las elecciones del 2021 y después proceder al cambio.

          Si esto se decide así, “Morena” presentará un frente débil en las elecciones del año próximo, pues no tiene ni la estructura, ni la organización y consecuentemente ni la disciplina de sus miembros, para presentar un frente sólido y fuerte en la renovación de 15 gubernaturas, 30 diputaciones locales, toda la diputación federal y más de 2 mil ayuntamientos.

          Además, se ahondarían las discrepancias de los grupos, corrientes o tribus, que ya se han conformado dentro de ese partido.