Columna | P u l s o    P o l i t i c o

  Mucho antes de que una empresa que comanda quien fuera el director del IFE, descalificara al Congreso del Estado como ineficiente y sumiso, la ciudadanía poblana ya lo había hecho. Y no es que dicho comportamiento de los diputados locales haya sido distinto al de congresos anteriores, sino que desde hace seis años, los representantes populares, sobre todo los priistas, no guarnan las formas que deberían guardar como partido minoritario de oposición.

   Todas las iniciativas del Ejecutivo, desde siempre, han sido aprobadas por unanimidad, pero guardando ciertas reglas, ciertas formas que son necesarias para que el poder Legislativo se perciba como un poder independiente, como la misma Constitución señala, que debe ser.

   Ahora los priistas, siempre “institucionales”, acostumbrados históricamente a aprobar cualquier iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, están obligados a ser un poco críticos, poner ciertas resistencias en algunos de los temas que son abordados en el seno del Congreso, y no sumarse tal lacayunamente al grupo mayoritario.

  Deberían entender, que no son partido en el poder, que quieran o no, son partido de oposición y que como tal, están obligados, en bien de su propio partido y en bien del gobierno estatal, a hacerle al cuento para que los ciudadanos en general crean que vivimos en una democracia. Deben pues guardar ciertas formas, como las guardaban incluso, cuando controlaban todo el aparato gubernamental.

    En los ya un poco lejanos tiempos del doctor Alfredo Toxqui y luego en los tiempos del también ex gobernador Guillermo Jiménez Morales, hubo fuertes discusiones, verdaderos debates entre los diputados del PRI, del PAN y del PPS, como cuando se trataron temas como el de la desaparición de la Junta de Mejoras, organismo inconstitucional, que realizaba actividades que correspondían al ayuntamiento, que se sostenía con un impuesto ilegal y que nunca rendía cuentas a la ciudadanía o a sus representantes, los diputados locales. Ese organismo de grupos empresariales, hacía lo que quería, con dinero público, sin informar de sus actividades y gastos, excepto a ellos mismos. Esas discusiones, eso debates, eran comentados positivamente por la ciudadanía.

   Al final se aprobaba lo que el Ejecutivo quería que se aprobara, pero se guardan las formas políticas necesarias. La forma es fondo, decía don Jesús Reyes Heroles, pero los priistas han olvidado lo que decían sus ideólogos y por eso ahora tienen que entrar en contradicciones, como el aprobar la privatización del agua o la llamada “ley bala” y luego, cuando surgen manifestaciones populares de descontento, criticar, lo que ellos mismos aprobaron y hasta celebraron.

    El gobernador electo de Puebla, Antonio Gali Fayad, tendrá que enfrentar el problema que desde su campaña, para presidente de los Estados Unidos, planteó Donald Trump, respecto a los trabajadores emigrantes, de los que Puebla tiene muchos en Nueva York, Chicago y otras grandes urbes del país del norte, que se verán afectados con la amenaza de deportación de quien a partir de enero, será el presidente de aquella nación.

   Gali Fayad debe tener un plan para enfrentar el problema en las zonas que históricamente han sido expulsoras de población hacia los Estados Unidos, como la región mixteca, a fin de que quienes sean regresados a nuestro país, concretamente al estado de Puebla, encuentren aquí, no solo el cobijo de sus paisanos, sino el apoyo de su gobierno para salir adelante.

    Como presidente municipal, Gali Fayad, atendió bastante bien a las comunidades del municipio capital del Estado, que todavía forman parte del sector rural. El sabe por experiencia, lo que los campesinos productores de alimentos agropecuarios necesitan para trabajar, semillas mejoradas y fertilizantes entregados a tiempo, así como otros apoyos para impulsar la producción pecuaria de traspatio.

    El ayuntamiento que presidió, ha sido el único que se lanzó a construir dos pequeñas presas para retener el agua de lluvia, que sirviera para proporcionar riegos de auxilio a los agricultores y cubriera las necesidades de quienes tienen pequeñas explotaciones pecuarias.

    El regreso de emigrantes a la región mixteca, tiene por lo menos tres años de venir ocurriendo y la problemática ya le fue expuesta al gobernador electo durante los foros para la elaboración del programa de gobierno. El pues, está enterado del problema y seguramente ya tiene un proyecto para enfrentarlo cuando éste se presente. Hay que tener en cuenta, que no toda la responsabilidad debe recaer en el gobierno federal, los gobiernos estatales y hasta los municipales, tienen que contribuir para que el apoyo, el auxilio a quienes regresen, sea más eficaz, en beneficio del país.