Columna | Desde el portal

 Bajo sospecha el Poder Judicial de estar cooptado por la delincuencia de cuello blanco, y con acusaciones similares legisladores que actuaron bajo presión del soborno para favorecer con leyes a modo a corporativos nacionales y extranjeros, estaríamos ante el desgaste institucional y la necesidad de renovar nuestro sistema de equilibrio de poderes.

 Porque si bien hay pruebas suficientes de depósitos en la banca nacional y extranjera a cuentas ligadas con diputados y senadores que actuaron por consigna, también las hay en favor de jueces y magistrados que imparten justicia expedita cuando así les conviene y tortuosa cuando no deja nada, que es un decir, pues en el ámbito judicial se sabe que todo tiene precio.

 Del enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial con la Ley Eléctrica, se sabe que hay pruebas suficientes de las poderosas empresas que obtenían jugosos dividendos por la venta de energía eléctrica a la misma CFE que a su vez la daba en prestación de servicios al pueblo de México, cada vez más caro porque tenía que cumplir con contratos leoninos.

 Ese es el tipo de negocio que ahora está en juego, porque a los saqueadores no les interesa los usuarios, sino las ganancias que les serán no sólo limitadas, sino en vías de desaparición. Los empresarios han desplegado todo tipo de medidas tendientes a frenar no sólo la Reforma Eléctrica, sino todo tipo de avances en favor de México.

 El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que impedirá que se siga saqueando los recursos públicos apoyados por jueces deshonestos, abogados inescrupulosos y corporativos que han encontrado en México una forma de enriquecimiento en complidad con el poder público.

 Por ello es importante la pugna entre el Ejecutivo y el Judicial, porque quedará claro de que lado están las autoridades ya quien sirven, y a parte de ahí emprender el saneamiento de las instituciones, para determinar si estas se deben renovar en sus estructuras o sólo en sus hombres, porque esto no se quedará así, en simple anécdota.

 Se trata de los intereses de la Nación que fue para cuya defensa fueron diseñados, no para hacer negocios con las mismas y en contra del pueblo de México, por eso hay un interés generalizado que pide se esclarezcan quien está de cada lado.

 Y, desde luego, sancionar a quién o quiénes han torcido la Ley y sus instituciones en beneficio propio y de facciones o gavillas de cuello blanco.

Correo | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.