Desde su nacimiento como teoría, la división de poderes, ha encontrado en diversos autores, el camino para su evolución y consolidación con su objetivo primario, de limitar el ejercicio arbitrario del poder público generando confianza y certidumbre en una sociedad.

Al respecto la aportaciones de tratadistas como John Locke, quien en su obra Tratados sobre el gobierno civil de 1690, planteó la instauración de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Federativo, o como Charles Louis de Secondat, barón de la Brède y de Montesquieu (mejor conocido como Montesquieu), quien en su trabajo, “El espíritu de las leyes”, formuló la propuesta de depositar el gobierno en poderes que hasta el día de hoy prevalecen (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), con la finalidad de que existieran limitantes para el ejercicio del poder.

Limitantes que sirven de base para un ejercicio controlado y efectivo del poder público en beneficio de los gobernados, y de la optimización de la función estructural del Estado.

En ese contexto, la importancia de la división de poderes estriba en impedir que un solo individuo ejerza un poder de control ilimitado sobre los demás elementos estructurales del Estado, puesto que la distribución de las funciones estatales históricamente ha implicado el equilibrio de las fuerzas, en el que cada poder se ocupa de distintas tareas, restringiendo que algún poder se encuentre por encima de otro y lo subordine, para impedir la instauración de un régimen absoluto.

Pues bien, esta teoría, aunque pareciera demasiado entendida y firme en el contexto real y funcional de los Estados modernos, lo cierto es que, se vive una crisis de aceptación pragmática, que ha ocasionado que el principio de independencia cada vez parezca más una utopía ideológica.

Así la Teoría de la División de Poderes, se encuentra en el debate nacional, con motivo del desencuentro entre el Poder ejecutivo representado por el presidente López Obrador y el Poder Judicial de la Federación por la decisión del juez de Distrito Juan Pablo Gómez Fierro quién otorgó una suspensión provisional en contra de la reforma eléctrica aprobada por el Congreso de la Unión en días pasados, para evitar su aplicación, lo que  desató la ira del Presidente de la República, quién solicitó al Consejo de la Judicatura federal abriera una investigación contra el juez, acusándolo de apoyar los intereses de empresarios como Claudio X González supuestamente  asesorado por el ministro en retiro José Ramón Cosío quién de inmediato fijó una postura en contra de las afirmaciones vertidas en su contra por el Presidente en su conferencia mañanera.

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura federal Arturo Zaldivar ordenó remitir la solicitud del Presidente al área correspondiente del Consejo para que “de existir elementos se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como las garantías que la protegen”

Las acusaciones en contra del juez Gómez Fierro originaron en la opinión pública un conjunto de manifestaciones apoyando su actuación, por parte de Presidentes de las barras y colegios de Abogados y del Director de la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México y en días pasados a pesar de las presiones y amenazas del presidente otros jueces de Distrito han otorgado más suspensiones contra la reforma eléctrica, por lo que la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados propuso una reforma a la Ley de Amparo para impedir las suspensiones provisionales en contra de las reformas en materia eléctrica y en el tema de los topes salariales a los funcionarios públicos, en materia de austeridad republicana y el funcionamiento de las empresas “productivas” del Estado.     

Lo anterior demuestra la intención del poder ejecutivo de imponer a toda costa sus decisiones, sin importar violentar el principio de división de poderes y la autonomía de los mismos, es decir, no le basta tener el  control del Poder legislativo y de una fracción de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo a un lado el estado de derecho, lo que lo coloca en una postura autoritaria y que originará más problemas al país a nivel internacional por los intereses de empresas extranjeras que no dejarán perder sus inversiones y seguramente demandarán ante otras instancias, a lo que pudiera sumarse el gobierno de los Estados Unidos por el incumplimiento al T-MEC en materia energética y de protección al medio ambiente.

*Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.