El INEGI confirmó en febrero de este año, que México tuvo la peor crisis económica desde la década de los 30 del siglo pasado, ya que el PIB tuvo una contracción de 8.5 por ciento en 2020 respecto al año anterior, al dar a conocer la Estimación Oportuna del PIB.

Sin embargo, la economía nacional ya tenía datos negativos desde el segundo trimestre de 2019, cuando cayó en 0.9 por ciento con respecto al año anterior, situación que se agravó de manera considerable con la crisis de salud que sufre el país.

Se sostiene que el problema principal de la economía mexicana no es un déficit circunstancial de las finanzas públicas, sino la permanencia de una estrategia que induce el desmantelamiento del aparato productivo y que perpetúa la desigualdad

Esta situación no es nueva y la solución tampoco, puesto que es bien sabido, hasta por quienes lideran la 4T que, para garantizar el funcionamiento eficaz de la sociedad y el crecimiento económico, se necesita contar con un régimen amplio y efectivo de protección social, así como con un Estado fuerte, transparente, que rinda cuentas, al menos, es lo que también sostuvieron durante dieciocho años de campaña.

Sin embargo, por todos es conocido el negligente e insensible actuar de la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y de sus principales operadores, que tienen situado a México como el tercer país en el mundo con más muertes por COVID, con más de 200 mil decesos.

Pero sin duda, la deuda que más lastima y causa indignación, en cualquier individuo con la más mínima empatía y conciencia social, es la deuda que desde que llegó al poder, se encargó de construir, con la niñez mexicana, el gobierno de la 4T y que la ha mantenido marginada y desprotegida, en forma inexplicable  e irresponsable.

Porque de acuerdo con La Agenda de la Infancia y la Adolescencia 2019-2024, emitida por la UNICEF, en México viven 40 millones de niños, niñas y adolescentes, que representan el 35% de la población, quienes viven en completo abandono, pues cada día se denuncian seis delitos que atentan contra la libertad de los niños y están ligados a casos de desaparición o sustracción.

En tanto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), informó que en nuestro país mueren al día 4 niñas, niños y adolescentes a causa de la violencia. Otra cifra alarmante, es que, en 2019 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 27 mil 671 delitos contra la libertad y la seguridad sexual, como hostigamiento, acoso, abuso sexual y otros crímenes contra niñas y jóvenes de cero a 17 años de edad.

Aunado a lo anterior, la disminución de presupuesto a hospitales de nutrición, cancerología y enfermedades respiratorias; eliminación de estancias infantiles; el desabasto en medicamentos para la atención de niños con cáncer; escasez de vacunas del cuadro básico; eliminación de la prueba Tamiz neonatal; recorte a escuelas tiempo completo; eliminación de comedores comunitarios, y un sin fin de etcéteras nos confirman la gran deuda que mantiene el Estado mexicano para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por nuestro país

No hay una razón válida para tal proceder que justifique la actitud y decisiones del gobierno federal en este sentido, no los pueden culpar de pertenecer a los gobiernos neoliberales, de ser de la extrema derecha, de estar ligados a la mafia del poder, ni tampoco de ser responsables de la corrupción que dicen combatir; sin embargo en esta polarización que vivimos los mexicanos, no hay distingos en la edad, ni visión de futuro para las niñas y niños.

De ahí la gran importancia que tienen las elecciones del primero domingo de junio de este año, ya que sólo el voto consciente y razonado de los ciudadanos que aman al país y que confiaron en 2018 en un gobierno distinto a los que gobernaron  en los últimos 70 años, pueden cambiar el rumbo de las políticas públicas y lograr que las cosas mejoren para nuestra niñez.

Volver a votar por el partido gobernante, significa que las cosas seguirán igual y que la situación de nuestras niñas y niños irá cada día más en deterioro, con un futuro incierto sin oportunidades para contar con una mejor calidad de vida.

              *Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.