Columna | Desde el portal

 Una cabeza de cerdo dejada en una hielera en la casa de campaña del candidato de la coalición “Sí por San Luis”, Octavio Pedroza Gaitán, demuestra la polarización y el alto grado de violencia con la que se conduce –de parte de los jugadores-, los comicios del 6 de julio en donde están en disputa más de 20,000 cargos de elección popular.

 Y no se trata exclusivamente de violencia política generada por la delincuencia organizada –que obstruye el paso a los candidatos en zonas restringidas en Michoacán-, sino de violencia oficial en los tres poderes de la Unión donde se discute y se utilizan las instituciones como arma política, como es el caso del probable desafuero del gobernador de Tamaulipas.

 Van 68 asesinatos políticos, secuestros, enfrentamientos verbales, quema de propaganda, entre otros, que exhiben ante el mundo que la lucha política no es tan civilizada para acceder al poder y que las pasiones y que los intereses han desbordado los reglamentos –en algunas regiones- para la convivencia social y la renovación de autoridades.

Y a esto se agrega la actuación de las autoridades electorales que, en uso de sus facultades y de acuerdo a la Ley, exige a los partidos sustituir a unos candidatos por otros para cumplir con la equidad de género o en respeto a sus derechos políticos, como es el caso del veterano político Porfirio Muñoz Ledo. Ya nadie tiene asegurado el cargo.

TURBULENCIAS

Refinerías y presas abandonadas

 No obstante que se reconoce que en el país hay media docena de refinerías abandonadas y que se construye una nueva en Dos Bocas, Tabasco, así como presas hidroeléctricas abandonadas por conflictos regionales, falta de presupuesto o mala planeación, se adquirió una nueva en Texas a un costo millonario en dólares y aun cuando puede ser un negocio a futuro, la sociedad cuestiona que en el presente no existan medicamentos en las instituciones de salud para atender a pacientes de diversas comorbilidades y, pese a que fluyen, no hay vacunas suficientes; se considera que primero se deben resolver los problemas internos y luego incursionar en el mercado petrolero que es cuestionado dentro y fuera del país. A todo esto habrá que agregar la demanda de justicia en diversos rubros, como lo demuestra el plantón de la familia Lebaron, cuyo asunto no ha sido atendido y que amenaza también con desestabilización política en Sonora, donde todo parece indicar que domina la delincuencia organizada, la misma que se atribuyó el asesinato del candidato a la presidencia municipal de Cajeme, Abel Murrieta, que sabía demasiado sobre el cobarde atentado a la familia Lebaron. Diversas regiones del país han salido de control pese a la disposición del Gobierno Federal de establecer un operativo de seguimiento a los candidatos y pese a la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional, y pese a que el candidato de Morena a la gubernatura de Sonora es el mismísima ex secretario de Seguridad, Alfonso Durazo; nada parece detener la creciente violencia que amenaza con incendiar sino todo el país, si algunos estados que están en disputa tanto por los partidos como los mismos integrantes de los diversos cárteles que al parecer utilizan sus vastos recursos en armamento para someter a los candidatos y hacerlos presa de sus decisiones, para que los dejen operar libremente y sigan ampliando su mercado nacional y extranjero. Veremos si el país se incendia o se apacigua.

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