Ante la pandemia del Covid-19, los poderes judiciales en México y en el mundo se han tenido que adaptar a la nueva normalidad. En México, para atender la emergencia sanitaria, se estableció que la procuración e impartición de justicia son actividades esenciales. La idea es que los poderes judiciales (federal y locales) se hayan adaptado a esta exigencia, utilizando a la tecnología como aliada.

En este rubro, los gobiernos debieron decidir, entre salvaguardar la salud de los funcionarios judiciales, cerrando los tribunales y enviando al personal a trabajar desde sus casas, o atender el rezago judicial que se ha ido acumulando, desde marzo de 2020 a la fecha y que seguramente continuará todo 2021, retraso qué desde el punto de vista de varios expertos, no se resolverá al menos en los próximos tres años.

Los daños que ha originado la pandemia son incuantificables, debido a que la falta de atención oportuna en los rubros tanto de la procuración, como de la impartición de justicia, representan pérdidas económicas y afectaciones a los derechos de las personas (actores o demandados en los juicios) consagrados en la Constitución General de la República y leyes secundarias, así como también a sus derechos humanos.

La informática es un instrumento al servicio del Derecho. Contribuye a acelerar y a hacer más eficiente algunas labores tradicionales del jurista. Pero es más que un instrumento en la medida que ofrece resultados que no sería posible de otro modo.

Ahora bien, conscientes de las nuevas aplicaciones jurídicas en la sociedad de la información, es indudable la importancia del tema de la modernización judicial al utilizar medios electrónicos o telemáticos.

En la actualidad, las TIC son un instrumento de apoyo de la rama judicial, gracias a la utilización del sistema de gestión de la rama. Este último se encuentra implementado en las principales ciudades del país y permite que las partes hagan el seguimiento de las diferentes etapas procesales. Con ello se facilita la vigilancia de los procesos y el cumplimiento de los términos judiciales.

Actualmente en Puebla se cuenta con un sistema de información, el cual funciona mediante una infraestructura de red privada. Los objetivos específicos de la justicia electrónica son: economía y concentración procesal; evitar el rezago de expedientes (para hacer más eficiente la impartición de la justicia) y reducir los costos de los procesos judiciales.

La principal característica operativa del juzgado virtual incide en que los negocios de su competencia se sustanciarán, desde su inicio hasta su conclusión, de manera digital, esto es, por medio del tribual virtual y de algunos otros programas informáticos de naturaleza análoga.

La verdadera democracia electrónica consiste en fortalecer al máximo, gracias a las formas de comunicación interactiva ofrecidas por el ciberespacio, la expresión y elaboración de los problemas de las ciudades por los propios ciudadanos, la auto organización de las comunidades locales y la participación en las deliberaciones por parte de los grupos verdaderamente afectados.

El aprovechamiento de las herramientas tecnológicas en la sustanciación de procesos judiciales es con el fin de dar comienzo a la migración vivencial de manera ordenada y dictaminada del expediente físico al expediente electrónico o digital.

Las tecnologías de la información y la comunicación también permiten el trabajo colaborativo que persigue favorecer el intercambio de información entre operadores, así como el trabajo en común en el seno de una comunidad de usuarios e usuarias.

Los juicios por Zoom o por videoconferencia pueden ayudar no solo a contener la propagación del virus, sino a facilitar la impartición de justicia. Muchas de las audiencias se pueden llevar a cabo de manera remota. Ante la pandemia, el uso de las videoconferencias, con las garantías debidas, es una buena alternativa para reactivar la impartición de justicia, que incluso podría permanecer en un escenario postpandemia.

La principal demanda de los abogados poblanos en estos momentos, al poder Judicial, es la falta de atención en los tribunales, de personal suficiente y de que la tecnología, no ha dado los resultados qué si se han visto en el Poder Judicial federal, por lo que es previsible la crisis se agudice más, con la apertura de los Juzgados de lo laboral, donde la carga será muy alta, en una rama en la que no se cuenta con la experiencia suficiente para atender los asuntos que llegarán por miles seguramente en los próximos meses, más los que se acumulen en 2021.

*Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.