Los mecanismos de participación ciudadana directa, se han instrumentado en distintos ordenamientos constitucionales y legales, en la mayoría de los países de América Latina, como mecanismos coadyuvantes para conocer la opinión de los ciudadanos respecto de diversos temas públicos.

En México, a partir del año 2012, se incluyó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la consulta popular y la iniciativa ciudadana, como mecanismos de participación ciudadana directa.

Por ello, se reformó nuestro máximo ordenamiento jurídico, estableciéndose en el artículo 26, inciso A, párrafo tercero, que la ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución (...)

Por otra parte, el artículo 35 en su fracción VIII; refiere como derecho de la ciudadanía: “Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o
c) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

    Asimismo, establece que las mismas, se llevarán a cabo el primer domingo de agosto, y que será el Instituto Nacional Electoral, quien tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

    Pues bien, dicho instrumento ciudadano, como lo ha dicho el Presidente al referirse a la pandemia del covid 19, “le cayó a su gobierno como anillo al dedo” y se ha convertido en una pieza clave, en primer lugar, para darle salida a proyectos que le han sido cuestionados, bajo la frase "Vamos a preguntarle a los mexicanos", obteniendo mediante un procedimiento espurio, la legitimación para llevar a cabo sus proyectos  presidenciales, como la construcción del Tren Maya en el sureste de México, la cancelación de la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, o reiniciar la obra de la termoeléctrica en el municipio de Huesca, estado de Morelos, pero todas éstas, consultas carentes de formalidad y legalidad.

    Sin embargo, todas las anteriores habían sido ejercicios banqueteros llevados a cabo en diferentes estados, a diferencia de la que se va a realizar este primero de agosto, la cual va a ser el primer ejercicio nacional de una consulta popular, donde el gobierno promueve juzgar a los cinco expresidentes y acabar con la impunidad de que gozaban.

          En segundo lugar, la consulta le permitirá al Presidente continuar atrayendo la simpatía de los ciudadanos, llevándolos a menos de 60 días de haberse llevado a cabo las elecciones del 6 de junio, otra vez a las urnas para votar en la consulta y preparar el terreno para el proceso consulta de 2022 sobre si debe o no continuar en el Poder AMLO.

Pero todo parece indicar que la consulta del 1 de agosto, será un ejercicio sin ningún tipo de beneficio para la democracia, ya que la pregunta, con la que se va a participar, carece de un sentido vinculante al ejercicio de la acción penal, sino observe la pregunta:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

A dicha respuesta usted solo puede contestar si o no, sin embargo, no se hace referencia a investigar la corrupción, castigar a los culpables, proveer justicia y asegurar reparación a las víctimas, temas centrales que realmente merecen respuesta, y que no están dentro de la agenda de este próximo domingo, echando a perder y desperdiciando el primer ejercicio nacional de democracia participativa.

Más bien, la consulta se parece más a un circo mediático disfrazado de una buena intención que se vende a los mexicanos como un ejercicio para hacer valer el estado de derecho y poner fin a la impunidad que es un cáncer para México.

Usted decide amable lector, si acude o no a votar a la consulta, pero debe estar seguro de saber:¿ a quién beneficiará su participación?, porque seguramente el Presidente, lo manejará en su púlpito mañanero, como una demostración más, de que la mayoría de los mexicanos están con él y apoyan su proyecto de la 4T.

*Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.