En México, la actividad de las Fuerzas Armadas Militares hasta nuestros días, había estado sujeta a lo establecido por el artículo 129 constitucional y no eran otras más que funciones de exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

Pero la situación cambio, a partir del ocho de diciembre de 2006 en el inicio de la administración del Presidente Felipe Calderón (2006-2012) la militarización de la seguridad pública se destapó como supuesta alternativa de solución temporal para la guerra frontal que el presidente declaró contra el narcotráfico. Medida que duraría solo hasta que se lograra una depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos municipales, estatales y federales, según el discurso oficial, con el que se pretendió justificar la decisión.

Situación que hoy podemos declarar fallida, ya que como no se ha logrado depurar el alto índice de corrupción al interior de esos grupos policiales y que la profesionalización está muy lejos de alcanzarse, se hace necesario normar la participación, hasta hoy inconstitucional, de las Fuerzas Armadas Militares, en tareas de seguridad pública y control social, con la propuesta que el PRI ha presentado en la Cámara de Diputados, de una nueva Ley de Seguridad Interior.

Propuesta que, como bien lo señala el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM John M. Ackerman, pone en riesgo la institucionalidad democrática y la soberanía nacional, ya que, señala, seriamos atestes del equivalente a un golpe de Estado subrepticio y silencioso, si la sociedad no detiene la militarización rampante, los pinos pronto podrían ser ocupados por un militar.

Desde su punto de vista, esta iniciativa otorgaría facultades a los militares para involucrarse directamente en asuntos de seguridad interna, es decir, cualquier asunto que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública. Convertiría a los militares en responsables permanentes del orden interno y, por lo tanto, en una fuerza política pluripotenciaria y autónoma, capaz de intervenir por voluntad propia en casi cualquier momento. Es decir, se autorizaría formalmente la persecución castrense de la oposición política y los movimientos sociales en todo el país, bajo el pretexto de que se encuentra en riesgo la seguridad nacional.

Son momentos críticos los que hoy se viven en varios Estados del país, donde la delincuencia ha rebasado con mucho a las policías de todos los niveles y la colusión entre gobernantes y grupos de la delincuencia organizada han sentado su poder, violentando el estado de derecho y poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Lo que nos lleva a reflexionar  ¿Cuál será el destino de México si se naturaliza la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública, interior y puertos?

Global Exchange afirma que la guerra contra las drogas ha dejado “miles de muertos, desplazados, detenidos, y desaparecidos”. Es cierto. Pero el causante real es la corrupción de funcionarios públicos desde las filas policiales y militares hasta el escritorio de un ministro, o quizá más arriba.

Razón por la cual estamos convencidos que la solución no está en establecer una nueva Ley de Seguridad Interior que venga a normar procedimientos militares, violatorios de derechos humanos de los civiles, lo que se necesita, es que la seguridad pública esté en manos de fuerzas de seguridad profesionales e incorruptibles por el narcotráfico, entender que este problema es un fenómeno social, cultural, económico, de salud; la inseguridad es solo una de sus expresiones.

Escuchar las voces de los estudiosos de este fenómeno, de las personas que han visto que estando detrás de un escritorio no se soluciona nada y como muestra cito las palabras del general Cienfuegos, quien también deja entre ver que ésta nueva ley no es la solución y solo es una respuesta mediata a las exigencias de la sociedad: “quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Nosotros... no pedimos estar ahí, no nos sentimos a gusto, ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Nuestra idea, nuestra función es otra y se está 'desnaturalizando'... estamos haciendo funciones que no nos corresponden porque no hay quien las pueda hacer". Con estas declaraciones, trata de ubicar el papel que debe tomar el gobierno del Presidente Peña Nieto para buscar otras soluciones al problema de la seguridad pública en el país.