En el mundo actual, el verdadero ejercicio de la libertad y la soberanía está en el conocimiento, se necesita la ciencia para disminuir los límites de la ignorancia y aumentar la capacidad para resolver los problemas. Un mejor estándar de vida puede lograrse en un país que disponga de recursos humanos altamente adiestrados formados en centros capaces de crear conocimientos y de formar profesionales imaginativos que puedan innovar y crear.

La investigación estimula el pensamiento crítico, la creatividad y es a través de ella, que el proceso de aprendizaje se vitaliza y se combate la memorización, que tanto ha contribuido a formar profesionales pasivos, pocos amantes de la innovación, con escasa curiosidad e iniciativa personal. La investigación es de importancia vital en los estudios de postgrado, no es posible tener egresados de alto nivel si no se investiga.

La generación de nuevos conocimientos mediante la investigación científica, tecnológica, humanística y social, es la consecuencia final de dicho proceso científico. Evidentemente, los resultados científicos para ser útiles, deben contar con una aplicación real y así reportar beneficios a la sociedad.

Bajo dicho esquema descrito, en el que se espera de la comunidad científica una serie de entregables derivados de los trabajos de investigación que sobre todo cuando tienen como base de financiamiento recursos derivados del presupuesto público destinado a la investigación científica, de ahí que, independientemente de las posturas de carácter político, de persecución o de venganzas de parte del titular de la Fiscalía General de la República, por haber sido rechazado en más de tres ocasiones para ser reconocido como investigador nacional, ahora está en tela de juicio la actuación de los científicos integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (Foro A.C.)  

Según se desprende de una investigación de la periodista Nancy Flores para el portal CONTRALÍNEA, el Foro Consultivo transfirió a una tarjeta de crédito American Express más de 1 millón 300 mil pesos del recurso público, de un total de 50 millones de pesos que le otorgó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en 2018 para desarrollar investigaciones científicas y que también así lo señala una auditoría de la Secretaría de la Función Pública. El plástico está a nombre de su secretaria ejecutiva, Adriana Ramona Guerra Gómez, quien forma parte de los 31 científicos contra los que la FGR solicitó órdenes de aprehensión.

Para la Función Pública, esta transferencia violó la cláusula octava denominada: “Cuenta Bancaria” del convenio de asignación de recursos 10000/03/2018 FON.INST/01/2018, firmado entre el Foro Consultivo y el CONACYT, y que en su primer párrafo establece que “los recursos deberán permanecer en la cuenta específica, por lo que no podrán transferirse a otras cuentas”.

Asimismo, el uso de dicho numerario fue destinado para el pago del sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores, así como para sufragar gastos relativos a telefonía celular, viáticos, seguridad privada, gestión de redes sociales, seguimiento legislativo, servicio de bocadillos, la compra de un inmueble en Coyoacán. Asimismo, se detectó la falta de entregables, facturas y contratos anómalos y carencia de economía y austeridad.

La premisa a demostrar es si dichos actos constituyen hechos delictivos de carácter patrimonial imputables a dichas personas o bien si la normatividad les permitía hacer dichos movimientos sin responsabilidad alguna, porque ya sea de una forma o la otra, nos encontramos ante una serie de conductas que se tradujeron en un abuso y mal uso de los recursos públicos.

Por otro lado, cabe la pregunta: ¿hasta donde es legítimo crear una asociación civil para recibir financiamiento público?, es decir, pasar la administración de lo público al sector privado. Dicha práctica fue muy recurrente en los gobiernos del período neoliberal en otras actividades y ámbitos de la administración gubernamental, tanto a nivel federal como estatal. De igual forma, establecer claramente como la política pública influye en la ciencia; sobre todo porque este Foro, dentro del trabajo que desarrolló, estuvo el de avalar la entrada en México del maíz transgénico de Monsanto y Bayer, además el consejo de que no se rescataran los cuerpos de los mineros en Pasta de Conchos, la Reforma Energética peñista, etc.  

También, resulta paradójico que la información del manejo de recursos públicos del señalado Foro Consultivo no es de acceso público, ya que es una asociación civil privada, por lo cual sus activos son categorizados como bienes privados y no como parte del CONACYT, por lo mismo, no es un sujeto obligado a entregar información a los ciudadanos como sí lo son otros organismos autónomos. En mi opinión una cosa es la investigación de los delitos que le compete a la fiscalía y otra es saber a qué intereses o grupos servían los integrantes del Foro.

Es evidente, que ahora hay un debate sobre el modelo de desarrollo científico actual y una lucha política, y sólo por poner un ejemplo, pues en los países desarrollados, es el sector privado el que aporta el mayor porcentaje de inversión para apoyar la innovación en la ciencia y la tecnología.

*Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.