En la columna pasada señalamos que una opción para que el Instituto Nacional Electoral (INE) y pueda llevar a cabo la Revocación de Mandato, sin tener que gastar el mismo monto de los recursos de una elección presidencial, es mediante el voto electrónico con el afán de salvar la cuestión económica; sin embargo, explorando en las entrañas de la misma autoridad administrativa electoral, podemos vislumbrar otras opciones.

Con esta controversia entre el gobierno federal y los consejeros del INE Lorenzo Córdoba Vianello y Ciro Murayama, se evidenció que prácticamente hay dos INES: el de los que integran el Consejo General del órgano con un sueldo de 262 mil pesos mensuales y el INE de los trabajadores  que están en los módulos de atención ciudadana y que tiene un sueldo promedio de 7 mil 664 pesos, el que de verdad trabaja. Mientras, los consejeros cuentan además con un seguro de vida, de separación, de gastos médicos mayores, colectivo de retiro, además de 260 asesores con sueldos que van de los 30 a los 50 mil pesos mensuales.

En ese tenor, evidentemente no se puede ocultar que también existe el INE de los excesos, el de los privilegios y derroches, es decir de personal de primera y de segunda clase.

Incluso, podemos abundar más, los consejeros cuentan con 3 mil 500 pesos al mes para el rubro de combustible, tienen asignado un vehículo del año con chofer, tienen apoyo para alimentos 11 mil 970 pesos al mes, lo que realmente es más de lo que ganan los trabajadores y aún hay más, tuvieron de aguinaldo 350 mil pesos, mientras los trabajadores del INE que son cinco mil 169, sólo percibieron 12 mil 773. Todo lo anterior, va con cargo al erario mexicano.

Todos los funcionarios del nivel dos tienen el beneficio del vehículo y los gastos de alimentación, por 6 mil 925 pesos al mes; en el nivel tres, sólo los vocales ejecutivos locales y el titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación tienen derecho a que se les asignen automóviles, además de que los primeros percibieron 500 pesos mensuales como ayuda para telefonía celular; los gastos de alimentación son exclusivamente para los vocales ejecutivos locales y titulares de unidad, con un monto de 3 mil pesos mensuales. Mientras que los de nivel cuatro y cinco no tienen prestaciones inherentes al cargo.

La pregunta que algunos plantean al esgrimir estos argumentos es si se está en contra del INE y la respuesta obvia es: sí, estamos en contra de este INE de excesos, privilegios y derroches. Dijera Alfredo Jalife, no puede ser que la autoridad encargada de contar los votos en las elecciones de los representantes populares cueste tanto, en un país con tantas carencias.

Las voces a favor y en contra del INE, deben pasar a este órgano por el filtro de un análisis de su presupuesto, serio y acorde a los tiempos que vivimos, es decir, no se está en contra de la función y papel que representa en la democracia de nuestro país, sino su negativa a terminar con los privilegios actuales de sus funcionarios y ajustar el gasto al cumplimiento pleno de la función que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación en la materia, bajo una política de austeridad, sin menoscabo de los derechos laborales de su personal, eso bastaría para que a futuro, quien desee trabajar en el INE, esté consciente de que trabajará sin privilegios y con un salario justo en la institución.

En otras palabras, se busca acabar con la burocracia dorada en materia electoral y transitar hacia una nueva estructura del órgano garante de nuestra democracia, sin excesos y que justifique con su labor, lo que esperamos de ella los ciudadanos en todos los procesos electorales.

Veremos al final, como termina esta controversia, que puede sentar un precedente aplicable a otros poderes y órganos autónomos como la CNDH y algunas Comisiones estatales, que no cantan mal las rancheras en materia de privilegios y altos sueldos de sus funcionarios, quienes seguramente están en contra de renunciar a su situación actual y defenderán lo que tienen a costa de todo y de todos.

*Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.