Un delito de cuello blanco es generalmente un tipo de fraude cometido por profesionales de los negocios y del gobierno. Esto incluye el fraude empresarial, el fraude de cuidados a la salud, el fraude hipotecario, fraude de valores y materias primas, fraude de seguros, el fraude comercial masivo, el decomiso de activos y lavado de dinero, fraude de quiebra y fraude de fondos de cobertura.

El perjuicio económico provocado por este tipo de delincuencia es cuantioso y, unido a ello, trae consigo además la pérdida de confianza en el tráfico mercantil, en la credibilidad de las instituciones del Estado y en los funcionarios públicos.

Es muy ilustrativo del funcionamiento del sistema económico y las formas empleadas por diversos actores que mueven el dinero que tienen a su alcance, donde los más hábiles van colocándolo en múltiples cuentas bancarias para luego emprender nuevos negocios. Bien dice el dicho que: en el arca abierta hasta el justo peca.

Cómo olvidar el escándalo internacional del banco HSBC, que lavó millones de dólares para narcotraficantes mexicanos, siendo sujeto de una investigación y la amenaza de ser sancionado severamente y al final  todo se resolvió con una multa; sofisticados fraudes de software como los autos producidos por Volkswagen; la corrupción de empresas como Odebrecht, Siemens o los ya famosos Panamá papers, en el cual aparecieron prominentes empresarios y políticos mexicanos cuyos nombres salieron a la luz pública.

No obstante, aunque estamos en la situación en nuestro país de que gracias a la corrupción se puede transformar el efectivo ajeno en patrimonio propio o transferirlo al sistema financiero en otros países, parece ya haber una luz en el túnel, pues debemos tener en mente que de alguna forma, se han logrado avances significativos en el combate a estos delitos y por ello, actualmente, son vecinos de celda: Emilio Lozoya Austin, Javier Duarte de Ochoa, Jorge Luis Lavalle y Julio Serna, todos ellos se encuentran en el Reclusorio Norte.

El año pasado, el juez de control, Artemio Zúñiga, dictó prisión preventiva justificada a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), debido a que existen nuevos datos de que tiene una cuenta con dos millones de dólares y a que en todo este tiempo no ha manifestado intenciones de reparar el daño ocasionado al erario público en el caso Odebrecht.

Evidentemente, el juez ordenó que se garantice la seguridad del exfuncionario, para evitar confrontaciones o posibles vendettas por las denuncias que Lozoya hizo a la Fiscalía General de la República (FGR) FGR, en las que involucra a diversos actores políticos y empresarios prominentes que se enriquecieron durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Uno de los denunciados por Lozoya Austin en el caso Odebrecht, el exsenador Jorge Luis Lavalle Maury, se encuentra en dicha prisión, ya que está acusado por la FGR de recibir 97.1 millones de pesos provenientes de Pemex y de la empresa brasileña, a cambio de votar a favor de la reforma energética del 2013.

Otro personaje de la elite política que se encuentra en esa cárcel es el abogado Juan Collado, quien está acusado por presuntamente incurrir en el delito de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz también está preso en el Reclusorio Norte desde 2017 por el caso del desvío de recursos en su estado a través del uso de múltiples empresas fantasma.

Todos ellos representan sólo una pequeña parte de los delincuentes de cuello blanco que durante los sexenios anteriores buscaron a toda costa saquear los recursos públicos, incurrir en actos de corrupción, lavar dinero y amasar cuantiosas fortunas, para asegurar un patrimonio ilícito para ellos y sus familias, seguros de que gozarían de impunidad para seguir sus vidas sin ninguna preocupación.

Pero, aún falta se investiguen y aprendan a más delincuentes y se aceleren las carpetas de investigación hasta lograr detenerlos e incautar sus bienes, son varios los exgobernadores de algunos estados del país, que bien valdría la pena se abran indagatorias sobre su patrimonio ,el de sus familias y colaboradores más cercanos, ya que el saqueo de los recursos públicos, el enriquecimiento de los funcionarios y los actos de corrupción fueron denunciados públicamente por los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil y en la mayoría de los casos, no se ha procedido contra los responsables.

Lamentablemente en México, siguen prevaleciendo las prácticas de negociar las denuncias, proteger a los delincuentes desde las fiscalías y lo más grave, comprar jueces y magistrados para obtener sentencias absolutorias.

Por ello es necesario, erradicar el llamado “manto de impunidad” que quienes ejercen el poder aplican para ignorar las denuncias de los amigos y protegerlos, aún a sabiendas que no se puede tapar el sol con un dedo y que la ley debe aplicarse en lo general, sin excepciones.