Columna | P U L S O   P O L I T I C O

             El sonado caso del niño Tadeo, cuyo cadáver fue sacado de un panteón de Ixtapalapa, en la ciudad de México, y traído a Puebla para tirarlo en un vertedero del penal de San Miguel, puso al descubierto una trama de corruptelas que han mantenido al sistema de seguridad estatal en uno de los lugares más bajos a nivel nacional, el tercero, y al penal de San Miguel, con una calificación de poco más de 6 puntos, es decir, casi reprobado.

             Ha habido un descuido de los panales estatales, desde hace más de medio siglo. En tiempos del gobernador Aarón Merino Fernández, años 60, se hablaba de la necesidad de construir un penal digno de Puebla, porque el que existía, además de estar en pleno centro histórico y tener un siglo de existencia, además de inadecuado era totalmente insuficiente para las necesidades de la entidad.

         Y en tono de broma se inventó un diálogo entre el gobernador de entonces y su secretario de Obras Públicas, un arquitecto (de apellido Velásco) muy solemne y respetuoso: “Señor, si hacemos el penal, vamos a dejar de construir los dos centros escolares que tenemos proyectados” le dijo el funcionario al gobernador. La respuesta de éste fue: “Mire arquitecto, hay que ser prácticos. Ni usted, ni yo, vamos a volver a ir a una escuela, pero sí podemos ir a una cárcel”. Y el arquitecto solo movió la cabeza sonriente.

          En ese entonces los penales de Huejotzingo y de Tepeaca, de municipios cercanos a esta capital, eran un desastre. Insuficientes y sin ninguno de los requisitos establecidos para estos llamados centros de reintegración social. Se decía, mejor dicho se informaba al gobernador, que no había espacios suficientes para el número de reos y que muchos tenían que dormir en los baños, de pie o casi de pie.

No existía ninguna sección para personas del género femenino, que tenían que compartir espacios con sus compañeros del sexo masculino, en fin, un desastre.

          Las cosas no han cambiado mucho en algunos lugares, entre ellos el panal de San Miguel, pero ya el gobernador Miguel Barbosa Huerta, ha tomado el caso en sus manos. Destituyó al director del penal de San Miguel, Jaime Mendoza, quien fue detenido con otras 20 personas más (y faltan tres) para ser investigadas sobre el caso del niño Tadeo. Pero el nuevo titular tendrá que realizar un proyecto para mejorar en todo lo que se pueda, las condiciones de los presos, que duplican la capacidad del centro para la que fue construido. Puede albergar a 2 mil en números redondos y tiene 4 mil.

          El gobernador Barbosa ha dicho que no habrá impunidad para nadie, que los tiempos del influyentismo por amistad, por relaciones familiares, por compadrazgos, ya pasaron. Ahora el que la hace la paga.

         El caso este del niño Tadeo, que ha tenido repercusión nacional, ocasionó también que se diera a conocer que Puebla ocupa el tercer lugar en el país, en la comisión de delitos graves, como asaltos en carretera, robo de vehículos, feminicidios, etc., y el jefe del ejecutivo estatal, dio de baja a Rogelio López  Maya, como secretario de seguridad y a Alfredo Vargas Quintanilla, como subsecretario de Centros Penitenciarios, a quienes sustituyeron: Daniel Iván Cruz Luna, el cuarto titular del ramo en este gobierno y Jorge Chávez Melchor, como subsecretario de los penales.

             EN ESTE AÑOS QUE SE INICIA, HAN SIDO ASESINADOS EN Baja California y en Veracruz, los periodistas y fotoperiodista Lourdes Maldonado y Margarito Martínez en la primera entidad y José Luis Gamboa de Veracruz y eso provocó que en 28 ciudades del país, entre ellas Puebla, periodistas, familiares de periodista y personas de la llamada sociedad civil, realizaran manifestaciones exigiendo a las autoridades justicia para los compañeros muertos e investigaciones exhaustivas para evitar que estos hechos sigan repitiéndose.

             Muchos compañeros de diversos estados han sido amenazados o intimidades. Del año 2000 a la fecha, han muerto en forma violenta 148 periodistas. En este gobierno han muerto 28 comunicadores y 120 en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto.

             Organismos internacionales y comisiones de Derechos Humanos de diversos países, han alertado a sus compatriotas periodistas, del peligro que correrían en México.

            La manifestación poblana de periodistas locales, culminó la noche del miércoles con un mitin frente a la Catedral.