Los sucesos actuales demandan hacer un recuento de lo acontecido apenas hace 8 años en Iguala, Guerrero y no dejar que gane la poca memoria histórica que a veces nos invade.

Narra Anabel Hernández en su libro “La verdadera noche de Iguala”, que el 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. El gobierno de Guerrero y el gobierno federal se concentraron en la línea de investigación donde confluían el grupo criminal Guerreros Unidos, el alcalde de origen perredista José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, siendo que ésta última destacó en la trama, puesto que ella era hermana de dos presuntos narcotraficantes, Alberto y Mario Pineda Villa, acusados de ser lugartenientes del cártel de los Beltrán Leyva y asesinados en 2009.

Según la administración de Ángel Aguirre Rivero, la noche del 26 de septiembre el alcalde y su esposa habían ordenado a policías municipales de Iguala atacar cinco camiones donde viajaban los normalistas y otro más donde iban los jugadores del equipo de futbol Avispones —a quienes habrían confundido con los estudiantes— para defender “la plaza”, perteneciente al grupo criminal Guerreros Unidos. El resultado eran seis personas muertas, entre ellas tres normalistas, más de 20 heridos y 43 estudiantes desaparecidos.

Entre el 3 y el 4 de octubre el gobierno de Guerrero, en colaboración con autoridades federales, detuvo a los primeros supuestos culpables; a continuación, la fiscalía estatal declinó su competencia y la transfirió a la PGR. Fue Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, el responsable de conducir la pesquisa, en la que destacaron hechos tan absurdos como que los nombres de los asesinos confesos y las escenas de crimen fueron cambiando uno a uno, aunque el eje de la versión oficial permaneció inamovible: tanto el gobierno estatal como el federal tenían prescrito el final del caso: esa misma noche los 43 estudiantes habían sido quemados.

No importaba quién fuera el nuevo asesino confeso, el final siempre era el mismo. El 7 de noviembre el entonces procurador Jesús Murillo Karam y Zerón informaron que a partir de las declaraciones de presuntos integrantes de Guerreros Unidos que habían aprehendido, se desprendía que la noche del 26 de septiembre policías municipales de Iguala y Cocula entregaron a ese grupo criminal a los 43 estudiantes, a los que luego estos habrían llevado al basurero de Cocula, donde los quemarían en una inmensa hoguera durante más de 15 horas.
Más tarde, para reforzar su dicho, alegaron que elementos de la Marina habían encontrado en el río San Juan bolsas de plástico con restos óseos de los normalistas. La PGR impuso esta trama como la verdad histórica y con ello dio por resuelto el crimen.

¿Qué es lo que ahora ha cambiado?

La detención de Murillo Karam.

El arresto del exprocurador durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se realizó afuera de su domicilio en la Ciudad de México, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en el emblemático caso. Dicha acción se llevó a cabo un día después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentara un informe en el que por primera vez el gobierno federal declaró sin vida a los jóvenes y calificó los hechos como un crimen de Estado. También, reiteró que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, además de que alteraron hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos. Además, que la investigación no arroja indicios que apunten a que alguno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa siga con vida. En consecuencia, se presume que los testimonios y evidencias recopiladas apuntan a que más bien los jóvenes fueron asesinados y posteriormente desaparecidos.

Ahora bien, en vista de que Murillo Karam encabezó todo el proceso de investigación, automáticamente se le adjudica la responsabilidad institucional. El exservidor público tiene la oportunidad de colaborar con el Estado, pues es un instrumento que da la ley.

Sin duda esta detención abre la puerta a que se vayan uniendo otros más de los que participaron en todo este embrollo, incluso miembros del ejército. Evidentemente, la llamada verdad histórica, misma que estuvo plagada de irregularidades, ha quedado descartada ante nuevas indagatorias.

Pero ante este escenario, no sólo basta tener en mente a Murillo Karam, como la primera detención de un político de alto nivel por uno de los mayores casos de violaciones de derechos humanos en México del que, tras ocho años, aún no se sabe la verdad, sino por una de sus frases más polémicas que marcarían igualmente su gestión y por la que recibió multitud de críticas y protestas: Muchas gracias, ya me cansé, lo cual dijo al responder a una pregunta en una conferencia de prensa sobre los avances en la investigación.

No pues, muchas gracias por su trabajo.