Ciudad de México. - Durante el Cuarto Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la iniciativa de reforma que envió al Congreso de la Unión tiene el objetivo de incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional para asegurar su profesionalización y garantizar sus valores.

“Envié el día de ayer al Congreso una iniciativa de reforma legal integral con el propósito de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa con el único afán de que se consolide, mantenga su disciplina y profesionalismo y, sobre todo, no se corrompa, como sucedió con la antigua policía federal”, explicó.

El mandatario recordó que se han edificado 242 cuarteles de la Guardia Nacional y esa corporación se conforma por 115 mil elementos; 19 entidades de la República registran más personal de esta institución que policías estatales.

“El propósito no es militarizar o ir al autoritarismo, sino cuidar, con la vigilancia de la Secretaría de la Defensa, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país”, apuntó.

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo resaltó la reducción de la incidencia delictiva durante este sexenio, gracias a la atención a las causas de la violencia, la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno y al no permitir la corrupción e impunidad.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dijo, se disminuyó el número de homicidios en 2.82 por ciento y en lo que va del año se estima la baja en 10.4 por ciento.

“Desde que llegamos al gobierno, hasta el día de hoy los delitos del fuero federal han bajado en 29.3 por ciento; de igual forma, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, se ha logrado disminuir el robo de vehículos en 43.1 por ciento”, señaló.

Informó que el secuestro disminuyó en 81 por ciento y en todos los delitos de robo se ha logrado una disminución en general del 23.4 por ciento.

“No se permite la violación de derechos humanos; la autoridad no es cómplice, encubridora y tampoco ejecutora de torturas y masacres; no se admiten relaciones de complicidad con nadie y, por el contrario, se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito”, apuntó.