El próximo dos de enero, se define quién ocupará la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los próximos cuatro años, después de que el actual Presidente Arturo Záldivar ha concluido su gestión, a pesar de la intentona del Presidente López Obrador de tratar de ampliar su cargo hasta 2024, lo que finalmente no sucedió, debido a la ilegalidad de dicha propuesta y de la presión que hicieron no sólo sus pares en el máximo tribunal del país, sino la opinión pública y los medios de comunicación.

Finalmente los candidatos que están en la puja final por presidir la Corte son los ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Mossa, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández.

La controversia que ha suscitado la denuncia del plagio de la Tesis de Licenciatura de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, de quién incluso en redes sociales se ha exigido su renuncia a la Corte y la apertura de una investigación por parte de las autoridades de la UNAM para determinar si existió plagio o no y las posibles sanciones en contra de la Ministra ocupan actualmente a muchos actores de la vida política nacional y académicos.

Para nadie es un secreto que la Ministra Esquivel es la candidata del Presidente López Obrador para ocupar la Presidencia de la Corte, ya que incluso ha asumido en sus conferencias mañaneras una defensa pública de Esquivel, minimizando el hecho y tratando a toda costa de que ello no afecte las posibilidades de la ministra de ser elegida el próximo dos de enero, sin importar que con sus declaraciones y al tratarse de dos representantes de los Poderes ejecutivo y judicial, de lugar a un conflicto de intereses, por el hecho de que si finalmente es electa, le deberá el puesto al Presidente y no a la decisión de sus pares en la Corte, por lo que presumiblemente estará comprometida a votar a favor del ejecutivo, todos los asuntos en los que intervenga, perdiendo la objetividad e imparcialidad que deben prevalecer en sus resoluciones.

Es tal la preocupación del Presidente, de lograr que Esquivel presida la Corte, que no ha tenido empacho en tratar de influir en una decisión en la que al menos por decoro, debería estar al margen o respetar desde su investidura lo que decida el pleno de los Ministros que deberán elegir a quién será su Presidente, libremente y sin presión alguna.

Es mucho lo que está en juego con esta elección, no sólo para el gobierno del Presidente López Obrador y su gobierno, sino también para el futuro del país, ya que muchos de los asuntos que la Corte debe resolver, como son las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los recursos de apelación, en términos de lo establecido en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pueden echar abajo actos y leyes aprobadas por el Congreso de la Unión impulsadas por el Presidente y su partido, como sería el caso del paquete de leyes en materia electoral aprobado por ambas cámaras.

Por ello, es vital para el Presidente hacerse del control de la Corte mediante una Presidencia a modo, que le facilite el trámite de los asuntos y no ponga en riesgo las reformas legislativas, qué aun siendo inconstitucionales, deben ser avaladas por el máximo tribunal del país.

El Poder Judicial de la Federación representado por la Suprema Corte de Justicia, es quizás la única autoridad de la cual el Presidente no tiene el control absoluto como sucede en los casos de la Fiscalía general de la república y las dos Cámaras de Diputados y Senadores que están a su servicio en forma incondicional, aún con una alianza opositora que no ha sido firme en sus posturas y que en cualquier momento puede ser cooptada por el Secretario de Gobernación, para apoyar las iniciativas del Presidente, como ha quedado demostrado en varias votaciones como las de ampliar las funciones de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional hasta 2028.

El control del Presidente, se ha extendido incluso ante otros organismos supuestamente “autónomos” como la CNDH que ha pasado a ser una extensión del gabinete presidencial y cuya titular sólo se ha dedicado a servir de tapete para apoyar los actos del Presidente y de las fuerzas de seguridad, dejando de lado los derechos de los ciudadanos.

El siguiente objetivo será cooptar el INE para lo cual el 28 de marzo la Cámara de Diputados federal deberá elegir a los 3 consejeros electorales y al nuevo Presidente del Consejo General del INE, en caso de no alcanzar la mayoría el 30 de marzo para la designación, deberán someter a los candidatos a un proceso de insaculación para definir quiénes ocuparán los cargos, lo que desde ahora se ve difícil, dada la mayoría simple que tiene MORENA y sus aliados en la Cámara para sacar adelante la elección en favor de los candidatos que sean afines a su Partido y al Presidente López Obrador.

Esperemos a conocer los resultados de ambos procesos y que la decisión sea la mejor para la mayoría de los mexicanos, que aún creemos que México necesita equilibrios y contrapesos para el ejercicio del poder, para evitar los autoritarismos y el regreso de la dictadura de Partido que nos azotó durante setenta años y que amenaza con retornar ahora, con los colores del actual Partido en el Poder.

¡Deseo a todos los lectores un feliz año 2023 y que la salud, prosperidad y alegría reinen en sus hogares¡

*Director General del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.