La democracia representativa, es una forma de gobierno donde se establece que la forma de integrar los poderes públicos, es mediante representación popular. Los representantes son auténticos mandatarios, en tanto que su principal función es la de actuar en nombre y representación de sus poderdantes o representados, en quienes reside esencial y originariamente la soberanía popular.

Asimismo, la división de poderes es un concepto inmerso en esta forma de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, que consiste en la separación de las distintas atribuciones de un gobierno, con el objetivo de que cada uno de estos poderes tenga autonomía y ejerza algún tipo de control sobre los otros, que no permitan la aparición del autoritarismo que conlleve a la consecuencia de una dictadura.

El poder Legislativo constituye el segundo después del Ejecutivo por un sentido tradicional, de hábito o costumbre, aunque en rigor debería ser el primero precisamente porque representa los intereses populares, porque su función es específica de legislar en beneficio de sus representados.

Tal conceptualización está más que rebasada, olvidada y pisoteada por los integrantes del Congreso del Estado de Puebla, quienes se han convertido, en auténticos representantes de intereses contrarios, a los de quienes les encomendaron la tarea de representarlos, anteponiendo intereses personales y sobre todo económicos, que los ha llevado a actuar en forma irresponsable y servil en beneficio de los grupos empresariales con negocios privados.

Lo anterior, queda demostrado con la aprobación de reformas y leyes que únicamente han servido para beneficiar a las élites del poder y que atentan de forma vil contra la estabilidad social y la economía de las familias poblanas.

Así podemos citar como ejemplos, los siguientes:

La llamada Ley Chedraui, una iniciativa para modificar el artículo 104 de la Constitución que tenía toda la intención de que el gobierno operara los servicios públicos de los municipios. Sin embargo, tras la polémica que causó la iniciativa por vulnerar la autonomía de los municipios, decidieron modificarla y reformaron los artículos 105 y 120, que del mismo modo faculta al gobierno estatal para la operación de servicios municipales, pero que eliminó el tema de la privatización de éstos.

La denominada Ley Bala, una iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal, bajo el nombre de Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, incluía la posibilidad de usar armas de fuego como último recurso, la cual trajo como consecuencia la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo y que le valió una recomendación al Gobierno estatal, por violaciones graves a los derechos Humanos, por parte de la CNDH.

La privatización del servicio de agua potable, resultado de una maquinación política y económica para beneficiar a una empresa que no licitó en la fase regular de contratación y que además no comprobó la suficiente experiencia para otorgar un servicio de calidad a los ciudadanos, lo cual, fue el sustento de dicha acción.

El pasado 6 de enero, el Congreso de Puebla aprobó una reforma a la Constitución local en su artículo 12, supuestamente para establecer como un derecho el “acceso al agua potable”, que en realidad sentó las bases para que el gobierno del estado opere el servicio en cada uno de los 217 municipios, e incluso, lo pueda privatizar, ya que al final del párrafo se establece: “El estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”. Es decir, se sientan las bases para que el gobierno del estado tome el control del servicio de agua potable en los ayuntamientos, sin que esta decisión tenga que pasar por los Cabildos.

Y ahora, el Congreso de Puebla está por aprobar otra iniciativa para entregar al gobierno el poder para controlar y privatizar los servicios públicos en la Ciudad Modelo de Audi, que se construye en el municipio de San José Chiapa y que contemplará a Nopalucan, Soltepec, Rafael Lara Grajales y Mazapiltepec. Esta reforma fue enviada por el gobernador el 21 de enero, vulnerando con ello la autonomía de los Municipios, cuyos ediles difícilmente se opondrán a este atropello.

Como estos, podemos mencionar una larga lista de agravios en contra de los ciudadanos, derivados de decisiones legislativas, que nuestros diputados locales han realizado a espaldas de los ciudadanos, sin que sea extraño, que en los siguientes procesos electorales usted los vea de nueva cuenta sin ningún tipo de remordimiento en la puerta de su casa o negocio; en el camellón de las grandes avenidas, en los spots de radio y televisión solicitando de nuevo su voto para ofrecer sus servicios de representante  “preocupado” por su bienestar.

Pero aquí, no tiene la culpa el indio, sino quién lo hizo diputado (a) debemos exigir una representación política revestida comprometida con los ciudadanos, para que nuestra democracia sea productiva y para que la sociedad le encuentre razón de ser, para que termine de hacerla suya y la defienda ante la tentación autoritaria del poder de los Partidos y gobierno. La democracia debe ser obligadamente de acuerdos porque nuestro estado está saturado de problemas que lastiman a los poblanos, como la pobreza, la salud, la inseguridad, el desempleo, problemáticas que no son debidamente atendidas, ya que tenemos una representación constitucional atrincherada en ideologías y pragmatismos irreductibles y estériles a la hora de los acuerdos. No podemos permitir, seguir siendo campo de la esterilidad política.