Dentro de las propuestas enarboladas por el Presidente López Obrador en sus dos primeras fallidas campañas (2006 y 2012) y la última de 2018 en que logró el triunfo en la elección presidencial, destacan: el combate a la corrupción, la pobreza, la desigualdad y sobre todo terminar con los vicios del período neoliberal, como el nepotismo, el abuso del poder, el influyentísmo y la impunidad de que gozaban los servidores públicos que cometían delitos o ejercían en forma indebida su función.

Cabe recordar una de sus frases, en uno de sus tantos discursos: “Ya no será México el país de la violencia, de los desaparecidos y de la violación de los derechos humanos”

Lo anterior viene a colación, después de más de cuatro años del gobierno de la cuarta transformación, por los hechos lamentables ocurridos el pasado 27 de marzo en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez donde perdieron la vida 40 personas en un incendio provocado al interior del lugar para protestar por las pésimas condiciones de hacinamiento y violación a sus derechos humanos de migrantes provenientes de países como el Salvador, Honduras y Guatemala que fueron abandonados por personal del Instituto Nacional de Migración y vigilantes que los tenían bajo su custodia y que pudieron evitar la tragedia, sin que hayan al menos intentado abrir los candados de las rejas de seguridad de las celdas en que se encontraban detenidos.

De acuerdo a publicaciones de medios nacionales como “El Universal” Francisco Garduño en los casi 4 años que se ha desempeñado como Comisionado del INM ha recibido 54 recomendaciones y una por violaciones graves de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por abusos de su personal contra detenidos como: lesiones, tortura, agresiones sexuales y extorsión.

Por los hechos anteriores la Fiscalía General de la república, determinó ejercer acción penal contra el Comisionado y la próxima semana un juez de control de Ciudad Juárez lo citó junto con otros tres funcionarios para investigarlo por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, por la muerte de los 40 migrantes y que no amerita prisión preventiva. De las cuatro órdenes de aprensión, por este caso la Fiscalía General de la República detuvo ayer a tres funcionarios del INM y busca al delegado del Instituto en Chihuahua por los mismos hechos.

El hecho por sí mismo demuestra una total falta de cuidado y negligencia de las autoridades del INM a cargo del actual Comisionado, amigo del Presidente López Obrador que lo ha defendido públicamente en su conferencia mañanera afirmando que: “es un funcionario que conozco desde hace muchos años y hace bien su trabajo” es decir, sin tomar en consideración los graves señalamientos que pesan en  su contra, no sólo por estos hechos, sino también por las 54 recomendaciones que ha emitido en su contra la CNDH, el Presidente lanza el mensaje a la opinión pública, de que un acto como la muerte de los 40 migrantes, puede ser minimizado o simplemente ignorado, cuando se trata de un funcionario que goza de su confianza y amistad, por lo que, seguramente seguirá en el cargo y al final de las investigaciones quedará impune y libre de toda culpa, recayendo la responsabilidad en funcionarios de menor nivel, que terminarán en prisión como culpables de las muertes de los migrantes.

En cualquier otro país del mundo, lo primero que aplicaría es la renuncia inmediata de los funcionarios encargados del área y el llevar a cabo las investigaciones correspondientes para detener a quienes se encuentren como responsables , condenando los hechos y atendiendo a los familiares de las víctimas, hasta incluso cubrir las indemnizaciones que procedan por parte del estado mexicano; pero las cosas en México no funcionan así y sólo por la presión que han ejercido gobiernos como el del Salvador y Guatemala que han protestado y exigido que México asuma su responsabilidad, es por lo que la Fiscalía General de la República se ha visto obligada a actuar y esperamos como ciudadanos, que sus investigaciones sean objetivas y esclarezcan estos hechos, para conocimiento de la sociedad en general.

La renuncia de Francisco Garduño, no puede esperar y de permanecer en el cargo a pesar de la muerte de los 40 migrantes y de las 54 recomendaciones de la CNDH emitidas en su contra a lo largo de los 4 años que lleva en el cargo como Comisionado, serían una mala señal y mensaje para los mexicanos, de que pesa más el apoyo y amistad con el Presidente, que la protección a los derechos humanos de todo aquel que pise nuestro territorio ya sea como nacional o extranjero, cuyas vidas estarían en grave riesgo porque el estado estaría permitiendo que se sigan cometiendo violaciones en sus derechos humanos, con funcionarios protegidos por el manto presidencial.

                                   *Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.