De acuerdo con la película El Exterminador, proyectada en las salas de cine en la década de los 80’s, la Tierra estaría devastada por ahí del 2029 (para la fecha faltaría un poco más de un lustro) y la humanidad esclavizada, pero no por otros humanos como siempre ha sido, sino por la inteligencia artificial (IA), en ese contexto, resulta que los entes electrónicos están a punto de perder la guerra contra la resistencia humana liderada por John Connor. Frente a esa situación, las máquinas entienden que asesinar al líder en el presente sería irrelevante, dado que ya ha conducido a la resistencia humana a la victoria. Por lo tanto, la misma IA elabora su estrategia decidiendo eliminar al líder enemigo antes de que nazca. Para ello envía en 1984 a un cíborg exterminador [según la Real Academia Española (RAE) es un ser formado por materia viva y dispositivos electrónicos], a través de una máquina del tiempo, con la misión de exterminar a Sarah Connor, madre de John, antes de que sea concebido.

En los albores de este siglo, concretamente el 02 de abril de este año, Bill Gates señaló que la era de la IA ha comenzado, incluso vaticina que en dos años, ésta podría aplicarse a la Educación hasta el punto de reemplazar a los profesores, pues alcanzará el potencial de ser tan buen profesor como una persona especializada.

Hago este recuento para poner los puntos sobre las íes, puesto que nos encontramos a años luz de la nueva tecnología en la que el mundo está incursionando. Si observamos nuestra historia, desde la época revolucionaria nuestro país ha sido limitado para generar tecnología, primero a través de los Tratados de Bucareli del 13 de agosto de 1923 entre Estados Unidos y México durante el gobierno de Álvaro Obregón, documento en el que se comprometió el desarrollo económico y político del país a cambio de obtener el reconocimiento diplomático de Estados Unidos hacia el Presidente, por el cual se obtendría apoyo financiero, militar, tecnológico y el reconocimiento de la comunidad internacional.

Para no hacer el cuento largo, nuestros vecinos del norte  no compartieron la tecnología necesaria para nuestro desarrollo, como hasta la fecha ha sido y, por ello, China está venciendo la partida, pues en su afán de ganar-ganar los asiáticos están apoyando a los países latinoamericanos precisamente en aspectos tan prolíficos como la ciencia, pero ese aspecto lo tocaremos en otra colaboración.

En fin, que en dicho documento se estableció que, durante un periodo mínimo de veinticinco años, México se abstendrá de llevar a cabo cualquier proceso de industrialización que, a juicio único y exclusivo del gobierno de los Estados Unidos, vaya en detrimento de sus intereses estratégicos.

Más tarde, en la década de los 70’s, Zbgniew Brzezinki, secretario de Seguridad del gobierno de Jimmy Carter, refirió: “no queremos un Japón al sur de la frontera”. Este dicho, evidentemente no era un consejo de buenos vecinos, sino una declaración de guerra económica para impedir la industrialización del país.

Después viene otra piedra en el camino, la firma del T-MEC, proceso que evidenció que México entró sin condiciones para competir en innovación y tecnología en cadenas de valor. Además, que inició sin una política industrial nacional, pues apenas se destinaron recursos por 500 millones de dólares, mientras que Estados Unidos y Canadá invierten billones de dólares para apuntalar sus sectores tecnológico, energético y manufacturero.

En ese sentido, se evidencia que para generar tecnología hay que invertir. La inversión pública y privada en tecnología enfocada en sectores productivos, así como la capacitación de los trabajadores es vital para que México compita. No obstante, nuestro país es uno de los que destaca por tener una mínima inversión en el mundo en tecnología y desarrollo como porcentaje de su PIB, al estar por debajo del 1%. De los países, entre grandes y medianos, de América Latina somos de las naciones con menos porcentaje.

Como parte de las acciones y proyectos que impulsa la 4T y él gobierno de AMLO, en México está en entredicho la viabilidad de la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (HCTI), quienes la consideran positiva, destacan que esta legislación garantiza el derecho humano a la ciencia, que prohíbe la constitución de fidecomisos y figuras análogas, evita que se invierta el dinero público en proyectos de particulares con fines de lucro y sin ningún beneficio público, además de que prevé la asignación universal de becas a estudiantes de universidades públicas de programas académicos de investigación de todas las áreas del conocimiento, entre otros beneficios.

Sus detractores difieren diciendo que por dicha ley los científicos ya no tienen voz en la gobernanza científica, que ahora hay austeridad como apoyo contingente a los presupuestos, que todo estará coordinado por el Estado y que el proyecto es trágico y antidemocrático, existe además una enorme desconfianza a este tipo de decisiones que pueden cambiarse de un momento a otro; es decir que en aras de la “austeridad republicana” y de la urgente necesidad de apoyar los grandes proyectos del Presidente, de la noche a la mañana se cierre la llave de los recursos y apoyos económicos, como está ocurriendo con la suspensión del pago a los estudiantes de las universidades públicas del país de la denominada  becas Alicia Acuña y que afecta a millones de beneficiarios.

Ante la aprobación de la nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación por parte de la Cámara de Diputados en días pasados; las Universidades privadas del país han convocado a un paro nacional  el próximo 2 de mayo, a fin de presionar al Senado de la república para que no se apruebe dicha ley.

Veremos hasta donde la Cámara alta del Congreso es sensible y atiende la demanda de los investigadores y universitarios inconformes para frenar la aprobación de la nueva ley, lo cual se ve difícil si el bloque de Morena y sus aliados aplican su mayoría para lograr su aprobación final.
 
*Director Fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.