La guerra que desde hace varios meses inició el Presidente López Obrador, en contra del Poder Judicial de la federación y en especial de la Suprema Corte de Justicia, a raíz de varias de sus resoluciones que han echado abajo iniciativas como la energética, el denominado plan B en materia electoral y sobre todo la imposibilidad de lograr colocar a la Ministra Yasmin Esquivel Mossa como Presidente del máximo tribunal del país, por el escándalo suscitado por el plagio de su tesis de licenciatura que le impidió contar con los votos necesarios para llegar al cargo, y facilitó la llegada de la Ministra Norma Piña a la Presidencia, identificada con el bloque opositor al Presidente, han desatado su furia y motivado que en forma cotidiana en su conferencia mañanera haya emitido diversas descalificaciones en contra de los Ministros que han votado para echar abajo las iniciativas de leyes y reformas que le fueron aprobadas por el Poder legislativo, que se ha sumado a esta guerra con iniciativas como la del Senador Ricardo Monreal líder de la bancada de Morena que amagó con someter a juicio político a los Ministros de la Corte por no haber votado a favor del Plan B en materia electoral.

A su vez el líder de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier, propuso llevar a consulta la elección por voto directo de los Ministros de la Corte; iniciativa que fue respaldada por el Presidente quién afirmó: “El poder judicial, no imparte justicia y está sólo al servicio de los delincuentes, si hay tiempo y está permitido por la ley sería bueno (la consulta) porque hay que informarle a la gente” en general consideró que es bueno que a los Ministros de la Corte los elija el Pueblo.

Le propuesta del Presidente originó que la International Bar Associatión (IBA) manifestara su inquietud por la interferencia del Presidente López Obrador, contra la independencia judicial y sus claves para desmantelar controles clave para defender la legalidad en México.

Dicho organismo internacional está conformado por más de 190 barras (Asociaciones) y más de 80 mil profesionales en 170 países y su posicionamiento se da en medio de “graves y repetidos comentarios que afectan la integridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

En otro episodio de esta guerra que enfrenta a los Poderes de la Federación, esta semana que concluye, la Suprema Corte de Justicia, asestó otro golpe al Poder Ejecutivo, al echar abajo por mayoría de 8 votos el acuerdo del Gobierno federal que permitía catalogar las obras prioritarias del Presidente como asuntos de “seguridad nacional”

La respuesta del Presidente no se hizo esperar y la misma tarde en que se dio a conocer la resolución, de nueva cuenta emitió un nuevo Decreto  contraviniendo lo resuelto horas antes por la Corte, cambiando únicamente el listado de las obras del acuerdo anterior considerando de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento  y operación, la construcción del Tren Maya, del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chiapas yTulúm Quintana Roo.

Lo anterior motivó que la tarde de este viernes, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, fijara su postura: “Condenamos cualquier acto que desconozca, ignore o burle la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ello vulnera el equilibrio constitucional” Agregando que, “El ejecutivo debe cumplir con su obligación de hacer guardar la Constitución, como se lo impone el artículo 87 de nuestra Carta Magna” “Es nuestro deber denunciar el grave riesgo que corre al evadir el cumplimiento de las decisiones de los tribunales”

“La paz y la tranquilidad de las familias recae en el respeto a nuestra Constitución. El trabajo de las y los jueces nos permite vivir tranquilos, seguros frente al poderoso y protegidos de la ley del más fuerte”

“El desconocimiento de las decisiones judiciales, abre el camino a la arbitrariedad, a la violencia y a la justicia por propia mano. Nada más alejado del México que necesitamos y debemos procurar para nuestras familias”

La postura del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, es clara y contundente, vivimos en un país de leyes y con división de poderes, donde todos estamos obligados a respetar la ley y a acatar las resoluciones de los tribunales como lo mandata nuestra Constitución General de la República, sobre la que giran todas nuestras instituciones; por ello independientemente de la lucha política y los grandes proyectos del Gobierno federal, nadie puede estar por encima de la ley, ni siquiera el Presidente de la República; por ello es preocupante que el mensaje que se da a los ciudadanos es que nada valen las resoluciones judiciales, ni el trabajo de los jueces y Ministros sobre los que descansa la impartición de justicia y cuyo trabajo, no puede estar contaminado, ni subordinado a intereses políticos o partidistas y esto debería quedar claro a todos los ciudadanos, si es que queremos vivir en un país de leyes, todos debemos respetar las decisiones judiciales porque es la única forma de garantizar la paz, seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

Ojalá que los demás Colegios y Barras de abogados y profesionales del Derecho en el país, se sumen a esta postura defendiendo al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia y dejen de esconder la cabeza en el piso, pensando que callados se verán más beneficiados en el desempeño de su profesión y están velando por que prevalezca el estado de derecho en México.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.