Columna | Desde el portal

 Independientemente de la figura jurídica en litigio, sin duda que los recursos de los fideicomisos que manejaba el Poder Judicial de la Federación pertenecen al erario público y es producto de los impuestos que paga el pueblo de México para las instituciones encargadas de velar por su seguridad y crear condiciones adecuadas para el desarrollo de la sociedad.

 Las instituciones públicas o los Tres Poderes de la Unión están Al servicio de la Nación y el pago de los impuestos es para crear instrumentos en bien de la sociedad, no para acumular ganancias en beneficio de unos cuantos privilegiados que llegan a la dirección de los asuntos públicos y a manejar los bienes del país para beneficio propio.

 Los remanentes del Poder Judicial -sobrados pues se les autoriza el presupuesto que piden más un pilón-, fueron utilizados para obtener más ganancias: los intereses fueron reinvertidos y el capital cada vez más en aumento, lo cual en el mundo de las finanzas es aceptable porque ese es su objetivo, pero de ninguna manera en servidores de la Nación.

 De tal manera que los 15 mmdp que tenían en fideicomisos son recursos públicos que deben servir a sus legítimos dueños, el pueblo de México. Eso lo aceptó la ministra presidenta Norma Piña Hernández que, al margen de sus seguidores que sólo obedecen a intereses personales, aceptó la propuesta del Presidente de México de que se reintegren a México.

TURBULENCIAS

Servirán para la reconstrucción de Acapulco

 Tales recursos se canalizarán a la ayuda de los nativos de Acapulco, devastados por el previsible huracán Otis, y a los comerciantes y empresarios que fueron derrumbados sus negocios, con el objeto de iniciar la reconstrucción. Resulta mezquino negar los recursos públicos que maneja el Poder Judicial para continuar con la vida de lujo y de placer de ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, y utilizar su formación jurídica, como es el caso del senador Germán Martínez, de negar tales apoyos. El ex director del IMSS, como otros funcionarios desechados de la actual administración, sólo defienden intereses facciosos, pero su vocación no está al servicio del pueblo; pretenden que la administración pública y el acceso al poder sólo les sirva a él y a sus camarillas, como es el caso de su correligionario Emilio Álvarez Icaza, al que el mismo presidente López Obrador señala como farsante y corrupto; la realidad los exhibe, pese a que sus argumentos jurídicos sean aceptables: legalmente puede sr viable, pero moralmente no…Los repetidos ataques orquestados desde distintos frentes demuestra que la inclinación de la ex jefa de Gobierno de la Cdmx, Claudia Sheinbaum Pardo, por su ex jefe policiaco Omar García Harfuch, no fue una decisión atinada, porque al margen de las cuestiones turbias en las que se encuentra involucrado por el ejercicio propio de su profesión, no estaba ni está en el ánimo del verdadero líder de la Cuarta Transformación, de tal manera que su imposición -por encima de la trayectoria y militancia de destacados cuadros morenistas-, ha provocado la ruptura actual de los morenistas en la ciudad de México donde habrá que intervenir el verdadero mando -no el bastón-, para corregir el rumbo y demostrar quien es el verdadero jefe. Y la indicada es, claramente, Clara Brugada; el ex subsecretario Hugo López Gatell sólo fue enviado a hacerle contrapeso a Sheinbaum, con la que tuvo diferencias en el combate a covid-19, pero no ha cuajado como tal; el médico es ajeno a la política partidista y a la lucha por los cargos de elección popular, así  que Brugada es la señalada…

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