El pasado viernes 24 de noviembre se anunció que el fideicomiso Xinfra había adquirido un porcentaje muy alto del paquete accionario de “CONCESIONES INTEGRALES” S.A. de C.V. adquisición que se llevó a cabo en oferta pública de compra en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores.

La aceptación de la oferta en cuestión por parte de los tenedores de títulos accionarios, conformantes del capital constitutivo de la compañía en cuestión, no deja de llamar  la atención, partiendo, sobre todo,  del hecho de que uno de los principales de dichos  tenedores es  la sociedad MONEX, con notable antecedente de pesquisas públicas por lavado de dinero llevado a cabo en el financiamiento de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Apenas a fines de agosto del presente año, Héctor Durán Díaz en su carácter de  director general de “Agua de Puebla para todos”, anunciaba una inversión millonaria por un monto de 2113 millones de pesos en infraestructura a desembolsarse durante el resto del año y todo el siguiente de 2024; “CONCESIONES INTEGRALES” S.A. de C.V. desplegaría en la ocasión una intensa campaña de comunicación social,  como parte de la cual, algún columnista de “buenas fuentes”, esgrimiría que la “eficacia” desplegada dejaba mudos a los “ chairos” que se habían aventurado a señalar las fallas  de la concesionaria  encargada de  la prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable, saneamiento y alcantarillado del municipio de Puebla y demás municipios conurbados

Pareciera que “algo está podrido en Dinamarca” como dijera el joven príncipe Hamlet a las puertas del Castillo de Elsinor, cuando, a escasos tres meses de haberse anunciado inversiones millonarias con “bombo y platillo”, los inversionistas socios del magnificente anunciante, aceptan repentinamente una oferta pública que les desplaza del todo de la operación emprendida.

La inversión millonaria anunciada por el gerente de “Agua de Puebla para Todos” para limpiar de contaminantes el río Atoyac, corresponde a lo dispuesto por la regulación administrativa federal a cargo de CONAGUA en relación al permiso de descarga de aguas previamente asignadas a SOAPAP, siendo, la empresa en cuestión,  un tercero diverso al asignatario , en quién recaería en exclusiva la obligación de dar cumplimiento a la dispuesto por la regulación conducente; por lo que, en consecuencia, la inversión en marcha no guarda relación directa alguna con la concesión otorgada por la autoridad estatal para prestar el  referido servicio público , por lo demás, la ya aludida inversión, en todo caso, se estaría llevando al cabo con diez años de retraso.

La Ley de Aguas del estado de Puebla confunde torpemente la noción de “derecho” que es un crédito fiscal a cargo de la tesorería estatal, con el de “tarifa” que es un monto fijado por la administración  a beneficio del particular que ha recibo una concesión para explotar un servicio público; tenemos, en consecuencia,  la “recaudación a favor de un particular” o  “la cobranza dotada de potestad pública” o bien,  cualquier otra aberración ideada por la banda de malechores que hemos padecido en el mando del gobierno local.

El desplome en los ingresos, aunado a los montos de inversión extemporánea a que se ven obligados los encargados de la gestión del agua en la localidad , nos coloca ante el escenario  de un desplome,  muy  propio de lo que Samuelson denominó  “ rendimientos decrecientes”, o que los economistas marxistas llaman “ “desutilidad marginal del capital”, o para decirlo de manera más coloquial de un  coloquial de un simple quebranto financiero.

Amanecimos el viernes con la noticia de que  un fideicomiso de inversión en infraestructura, había adquirido gran parte de la composición accionaria  del capital constitutivo de la concesionaria del servicio público de agua y saneamiento en Puebla; Fideicomiso que, aunado a su objeto que, dicho sea de paso,  le otorga un fuerte raigambre keyneseano,   sabemos, por sus propias publicaciones que ha estado en concordancia en diversos proyectos tanto con el Banco Nacional de Obras Públicas (BANOBRAS) , como  con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), noticia que parece colocarnos ante una velada pero decidida y firme operación de rescate gubernamental ante el fracaso en la concesión del agua  en Puebla que fue llevada a cabo durante la administración del sublime, fallido y hoy también finado Rafael Moreno Valle.

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