Si algo podemos reconocer en el gobierno del presidente López Obrador en lo cual ha sido muy consistente, es en sostener a sus funcionarios en los puestos, a pesar de los errores o anomalías en los que han llegado a incurrir; las denuncias e investigaciones casi nunca proceden y terminan archivadas en la función pública o en las fiscalías cuando se trata de la comisión de delitos. La regla es que se les perdona o bien se minimizan con el objetivo de que los responsables continúen en sus puestos y al poco tiempo queden en el olvido sus faltas y desaciertos en el ejercicio de sus funciones.

Ejemplos podemos citar muchos a lo largo de este sexenio, desde el caso Segalmex, cuyo responsable Ignacio Ovalle Fernández, fue cambiado de puesto y ahora despacha en otra área de la administración federal; el caso del Comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño Yañez presunto responsable de la muerte de cuarenta  migrantes en la estación de Ciudad Juárez y que se encuentra sujeto a proceso por los cargos presentados por la fiscalía general de la república, hace nueve meses y que sin embargo fue defendido por el presidente en su conferencia mañanera como un funcionario honesto.

Al revisar lo que sucede con los Gobernadores de los Estados que llegaron al cargo impulsados por Morena y sus aliados, la situación no es diferente y sobre todo en entidades sumidas en la violencia e inseguridad originada por los cárteles de la delincuencia organizada que controlan varios municipios y territorios y que han obligado a sus pobladores a abandonar sus viviendas y buscar refugio en otros estados, para no tener que sumarse a los cárteles o perder la vida en los enfrentamientos armados, resaltan estados como Veracruz, Morelos, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, Michoacán, Colima, Quintana Roo, Baja California, en los que nada parece detener los homicidios y disputas entre los grupos delincuenciales por el control de los territorios, así como de las principales actividades económicas para subir los precios de los productos y cobrar el derecho de piso a comerciantes y empresarios.

Los números de muertos y desparecidos aumentan todos los días y ni la Guardia nacional, ni el ejercito mexicano han podido detener esta escalada, en la que los gobiernos estatales y municipales han sido rebasados y no tienen forma de garantizar a los ciudadanos, ni su seguridad, ni la paz para poder trabajar y hacer sus vidas.

En otros períodos presidenciales, se estilaba pedir las renuncias de los funcionarios que no cumplían con su cargo o que incurrían en faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones; desde Procuradores, Secretarios de Seguridad, hasta gobernadores, se veían obligados a presentar sus renuncias o eran destituidos, cuando una situación se volvía incontrolable o bien, cuando ocurrían matanzas o actos que se violaban los derechos humanos de los ciudadanos; esa era una de las primeras medidas que se tomaban, a fin de evitar que se contaminarán las investigaciones y se fincara responsabilidades a los funcionarios implicados.

Hoy, esto ya no ocurre, las noticas de ejecuciones, matanzas, quemas de inmuebles, balaceras, denuncias por colusión de funcionarios con delincuentes, enriquecimiento ilícito de gobiernos y de protección a los carteles, ya no es visto como una causa suficiente para la renuncia o destitución de autoridades, sino por el contrario siguen en los cargos y en ningún momento son investigados o sancionados administrativa o penalmente.

Las cifras del número de homicidios dolosos del gobierno actual, quedarán para la historia, llegando hasta la semana pasada según cifras oficiales a 166,193, 4892 feminicidios y 43 periodistas a los que se acumularán los de los meses que faltan por concluir el gobierno del presidente López Obrador, con lo que supera los números del gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.

El caso del estado de Guerrero que gobierna la hija del senador Felix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado Pineda, es alarmante y después de los daños humanos y materiales que dejó el huracán OTIS principalmente en el Puerto de Acapulco y las poblaciones de la costa, la población ha visto el aumento de las disputas de los grupos de la delincuencia organizada por el control del estado, para manejar las principales actividades económicas, no sólo en Acapulco, sino que poblaciones como Iguala, Taxco y la capital Chilpancingo viven en asedio y violencia de los carteles de los ardillos, la vela, los rojos, los tlacos y guerreros unidos.

Así en junio del año pasado en Chilpalncingo se encontraron siete cuerpos desmembrados de cinco hombres y dos mujeres; en julio fueron asesinados dieciocho choferes del transporte público de taxis y colectivos; en agosto en Tecpan de Galeana en un enfrentamiento de los grupos murieron seis adultos y un niño en una cancha de futbol; en el mismo mes fueron victimas de una balacera la prima de la gobernadora y su esposo, que finalmente perdió la vida a causa de los disparos que recibió; posteriormente a finales de 2023, en Chilpancingo fueron encontrados desmembrados los cuerpos de dos mujeres que habían sido secuestradas.

Las disputas por el control del transporte público en Acapulco, que es victima del cobro de piso y de cuotas por los delincuentes, originó que los permisionarios decidieran suspender el servicio en demanda de que las autoridades les otorguen seguridad para los choferes y las unidades que han sido quemadas, sin que se detenga a los responsables.

Taxco también ha padecido la misma situación y ni la guardia nacional, la marina, ni los diez mil militares desplegados por el gobierno federal en Guerrero han servido para frenar la violencia e inseguridad que se ha enseñoreado en las principales ciudades del estado, dejando al descubierto la incompetencia de las autoridades estatales, desde la gobernadora Evelyn Salgado, su secretario de seguridad y de los Presidentes Municipales, que sólo se han concretado a hacer declaraciones y a prometer soluciones a los ciudadanos que han quedado a merced de la delincuencia, causando daños irreversibles y un clima que alejará al turismo y que origina pérdidas económicas al estado; pero nadie renuncia, ya que el Congreso del estado y federal, han eludido exigir resultados e investigar a fondo a funcionarios que seguramente se encuentran coludidos con los carteles y que ahora sólo tienen en mente reelegirse o buscar otras posiciones que les den impunidad y poder para seguir con sus carreras políticas.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.