Los meses siguientes de este año, que anteceden al proceso electoral del 2 de junio próximo, serán cruciales para la vida política del país y sin duda alguna, elevarán la temperatura del conflicto que enfrentan el presidente López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde que asumió la presidencia del máximo tribunal, la Ministra Norma Piña, que desde su primer discurso cuando asumió el cargo, dejó claro que habría una sana distancia entre el poder judicial y el poder ejecutivo, haciendo valer la autonomía e independencia de dicho poder, en su actuar y en el sentido de sus resoluciones.

La postura de la presidenta, significó un desafío para AMLO y desencadenó una serie de ataques y cuestionamientos contra el poder judicial, que nunca se dieron en la época en que lo presidió Arturo Záldivar Lelo de Larrea, a quién incluso el presidente promovió se prorrogara su período a fin de que consolidara la reforma judicial que impulsó para acabar con la corrupción en el poder judicial de la federación.

Cuando Záldivar presidió la Corte, para el presidente López Obrador, no era tan grave que los Ministros tuvieran los altos salarios y prestaciones de que gozan, incluso por arriba de lo que percibe AMLO, ni tampoco cuestionó los millonarios recursos de los fideicomisos que tiene el poder judicial de la federación, cuya desaparición promovió ante la Cámara de Diputados federal.

Sin embargo, las cosas no le salieron al presidente como las había planeado, y trató de promover a la Ministra Jasmin Esquivel para ocupar el cargo de Arturo Záldivar, lo que fue imposible debido al escándalo en que se vio envuelta por las acusaciones en su contra por el plagio de su tesis de licenciatura y posteriormente también de su tesis de doctorado, sin que a la fecha se le haya sancionado por las autoridades de la UNAM, por lo que continúa desempeñándose como ministra de la Corte.

Los ataques del presidente en contra del Poder Judicial de la Federación, desde los Ministros, magistrados y jueces de distrito, hasta el personal judicial, han ido en aumento y por ello, anunció una serie de reformas constitucionales el 5 de febrero de este año, en el marco de la Conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1917, para que los actuales Ministros, magistrados y jueces, dejen los cargos y los que los sustituyan sean electos por medio del voto de los ciudadanos.

Resulta evidente, que aún y cuando el presidente tiene a su favor al menos cuatro de las Ministras de la Suprema Corte, que son: Jasmin Esquivel Mossa, Lenia Batres, Margarita Rios Farjat y Loreta Ortiz Ahlf, con esos votos no podrá sacar adelante la aprobación de las 7 iniciativas de reformas que promovió en su denominado plan B y que seguramente serán resueltas en las próximas semanas por el máximo tribunal de nuestro país.

De ahí que AMLO tendrá baterías suficientes para continuar sus ataques a la Corte y a todo el Poder Judicial de la federación, acusándolos de corruptos, de estar coludidos con los conservadores, de proteger a los delincuentes y de que están en contra de su gobierno.

El diferendo entre el presidente y el Poder Judicial, no se resolverá por lo menos en este sexenio y le tocará a la nueva presidenta o presidente, seguir con la postura de AMLO o buscar tender puentes con la corte, respetando su autonomía e independencia, en estricto apego a los establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo pronto, pesa sobre los funcionarios judiciales, la amenaza de la reforma constitucional anunciada por el presidente, para cambiar la forma de su elección y que sólo será posible, en caso de que Morena y sus partidos aliados, logren contar con la mayoría calificada con las dos terceras partes de los votos en ambas cámaras.

Están pendientes de resolver por el pleno de la corte, asuntos de gran trascendencia para el país, cuyo sentido de las resoluciones podría ir en contra de las iniciativas del presidente, lo que probablemente ya tiene calculado, por lo que su única esperanza es que al contar con la mayoría calificada en la nueva legislatura, pueda lograr su aprobación siempre y cuando gané la elección Claudia Sheinbaum, porque de no ser así, lo más seguro es que finalmente desista de estas propuestas y termine dejando las cosas, así como están en nuestra carta magna, por lo que la designación de los Ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial se seguirá llevando a cabo con los mismos procedimientos establecidos.

Nos falta conocer la postura de la candidata de la Alianza fuerza y corazón por México quién seguramente estará de acuerdo con el sentido de la votación de los partidos PRI,PAN Y PRD que han declarado su oposición a la iniciativa presidencial; por lo qu e se da por hecho de que los trabajadores del Poder Judicial de la federación y sus familias, estarían por votar por Xóchilt Gálvez en la elección del próximo dos de junio.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.