El escándalo nacional desatado el pasado nueve de abril, en que se presentó una denuncia anónima  de treinta y dos páginas ante el Consejo de la Judicatura Federal, contra el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y veinte personas más, donde se precisa el modus operandi  entre Zaldívar y el ex consejero jurídico de la Presidencia de la República Julio Sherer Ibarra, para presionar, intimidar, extorsionar y acosar jueces, juezas, magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Federación, con el único objetivo de obtener resoluciones favorables al gobierno de AMLO y a los intereses personales y económicos de los ex servidores públicos.

Denuncia que dio lugar a que, la Ministra Presidenta de la Corte Norma Lucía Piña Hernández ordenara darle trámite,de acuerdo a la normatividad que rige al Consejo de la Judicatura Federal y como consecuencia de ello se abriera la investigación número: J/108/2024 en contra de todos los involucrados.

Al ex presidente de la Corte Zaldívar se le acusa de vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros.

De ejercer presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objetivo de que resolvieran a favor de sus intereses prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones.

Las áreas del Consejo más utilizadas para presionar a jueces y magistrados fueron la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, la Unidad general de Investigación de Responsabilidades administrativas y la Contraloría del Poder Judicial con la amenaza de declarar a los titulares culpables de responsabilidades administrativas, usando quejas existentes o inventando algunas.

Zaldívar también utilizó al Instituto federal de Defensoría Pública presionando a defensores y asesores jurídicos para que actuaran en procedimientos jurisdiccionales de la forma más conveniente a sus intereses.

Al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles para apersonarse en asuntos relativos a concursos mercantiles de cuantía importante.

En cuanto al ex consejero jurídico de la Presidencia de la República Julio Sherer Ibarra y que se encuentran estrechamente vinculadas con las atribuidas a Zaldívar éstas son: confabularse con el ex ministro Zaldívar para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales, de enriquecimiento ilícito, corrupción y/o extorsión.

Dentro de los casos específicos en los que se acusa a Zaldivar de haber ejercido presión están: La ley de Hidrocarburos y de la Industria eléctrica, de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía y cancelación del de Texcoco, del Tren Maya, del caso Lozoya, Infonavit, telecomunicaciones, heraldo, UAEH, entre una larga lista de faltas administrativas y delitos que ahora serán investigados por la Unidad General de Investigación de Responsabilidades administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.

El anuncio del inicio de la investigación, motivó de inmediato una serie de reacciones en contra del actuar de la Ministra Presidenta, desde la conferencia mañanera del presidente, del 15 de abril, defendió al ex presidente de la Corte y le brindó su apoyo, calificando el inicio de la investigación en su contra como una venganza en contra del ex ministro; lo anterior a pesar de que el mismo presidente en su conferencia mañanera del 21 de febrero de este año, apuntó que su gobierno pedía ayuda directamente a Zaldívar para que interviniera ante los jueces autores de resoluciones importantes para el proyecto de la 4T , sin que por ello se hubiera iniciado investigación alguna, sino hasta la presentación de la denuncia anónima.

La candidata presidencial de Morena Claudia Sheinbaum también defendió públicamente al ex ministro y calificó de una venganza el inicio de la investigación en su contra y ayer mismo declaró que: no ve impedimento para que continúe Zaldívar participando en su equipo de campaña, como coordinador del tema de justicia en su campaña.

Sobre este escándalo, me parece importante señalar los siguientes aspectos:

1.-¿Cómo es posible que el principal impulsor de la reforma judicial de AMLO que se nos vendió que era para terminar con los vicios y corrupción que había en el poder judicial de la federación, terminó siendo el gran corruptor de jueces, juezas, magistrados y magistradas federales para beneficiar al poder ejecutivo?
2.-Ahora se explica el interés de AMLO de que Zaldívar prorrogara su período en la Presidencia de la Corte dos años más y era debido a dar continuidad a todos los acuerdos y corruptelas cometidas por Zaldívar y secuaces con el ex consejero jurídico de la Presidencia Julio Sherer Ibarra, para apoyar las reformas y proyectos de la 4T.
3.-Con este escándalo e investigación contra Zaldívar se destapa una cloaca en el seno del Poder Judicial y me pregunto ¿en qué situación jurídica quedan todos los asuntos que fueron resueltos bajo presión y amenazas por los jueces, juezas y magistrados a favor de los intereses del gobierno federal, afectando a terceros? Se anularán y se dictarán nuevas resoluciones.
4.-¿Este es el tipo de justicia que nos merecemos los mexicanos, con un Poder Judicial sin independencia judicial y subordinado a las órdenes del Presidente en turno, y al que no le interesan los derechos humanos de los ciudadanos?
Si ese es el tipo de justicia que impulsa Arturo Zaldívar y que se aplicará en el país, de ganar Claudia Sheinbaum la presidencia de la República el próximo dos de junio, quedarán sepultadas para siempre la autonomía y la independencia judicial que sostienen nuestra democracia y la protección de los derechos de los gobernados y que han sostenido durante décadas el sistema de administración de justicia establecido en nuestra Carta Magna,
                                 
*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.