Columna | P u l s o   P o l i t i c o

    Uno de los más importantes aciertos del gobernador Antonio Gali, ha sido el cumplir antes de los cien días de su gobierno, con el compromiso de campaña número 8; el de crear la Subsecretaría Especializada en la Atención a Pueblos Indígenas.

     En este país plural, democrático e igualitario, según el discurso de todos los partidos políticos, los pueblos originarios, los que ya estaban aquí muchos siglos antes de que “nos descubrieran” y conquistaran los españoles, han llevado la peor parte. Su vida ha sido de carencias, de injusticias, de sufrimiento, de humillación, de discriminación.

     Los españoles, con el pretexto de enseñarnos la verdadera religión, muy cristianamente los esclavizaron, los obligaron a construir iglesias católicas, grandes palacios y casas y a trabajar sus minas y sus tierras recibiendo solo la comida como pago.

     Destruyeron su cultura, su religión, en una palabra, los hicieron polvo. Abusaron de sus mujeres y nos dejaron a los mestizos después de que estuvieron explotando estas tierras durante trescientos años. Y los mestizos sino fuimos iguales, fuimos peores. Los indígenas han sobrevivido porque se han adaptado a la miseria, como tal vez ninguna otra raza del mundo. Siguen siendo discriminados, maltratados y olvidados por quienes compartimos su sangre y parte de su cultura, sobre todo respecto a la alimentación.

     El estado de Puebla, con una de las más numerosas poblaciones indígenas del país, con ocho diferentes etnias asentadas en su territorio, hasta ahora se decide a crear una dependencia especializada para atenderlos.

     Sus necesidades son todas: agua potable, energía eléctrica, escuelas, hospitales, viviendas dignas, apoyo para su trabajo en el campo, orientación técnica, en fin….

     Ojalá que la nueva Subsecretaría no se convierta en una dependencia burocrática más y de veras colabore con el gobierno estatal, a sacar a nuestros pueblos originarios de la marginación, del olvido en que se encuentran desde hace la friolera de 500 años.

      La utilización de la basura como combustible, en fábricas de diverso tipo, es algo que conviene grandemente a las empresas, pues les sale casi regalada, pero significa un alto riesgo para la salud de la  población cercana a las fábricas y provoca un daño de alto impacto ambiental y urbano en las regiones donde estas fábricas están instaladas.

     Puebla está confrontando un caso de esos, en la zona comprendida entre los municipios de Palmar de Bravo, Quecholac y Tecamachalco, donde está instalada una fábrica de cemento Cruz Azul.

       El biólogo Jorge Tadeo Vargas, del Frente de Comunidades contra la Contaminación por la Incineración de Residuos Sólidos Urbanos y los señores Maurilio Ramos Morales y Lucio Salvador Pérez de “Eco Tuzuapan”, denunciaron la firma de un convenio entre el gobierno del estado de Morelos y la mencionada empresa, para transportar 4 mil 500 toneladas de basura sólida urbana de la zona metropolitana de Cuernavaca a Puebla diariamente, para alimentar a la fábrica de cemento Cruz Azul, pues con eso bajaría enormemente sus costos.

      Las consecuencias para los habitantes de la región y para el medio ambiente, serían, ya están siendo, catastróficas.

      Dijeron que se han secado cinco pozos de agua, cuatro para uso agrícola y uno para consumo humano y que si continúan desbaratando cerros para aprovechar el material que necesitan para la producción del cemento, el impacto ambiental será terrible, ya que se acabará la flora y fauna de la región. Por lo pronto ya han quedado 50 personas sin trabajo y sin agua, de comunidades cercanas, pues los habitantes de la zona viven de la agricultura, de la producción de verduras y hortalizas que venden en los supermercados y ya no pueden hacerlo porque en 10 años, la cementera ya ha provocado muchos daños ecológicos que les impiden trabajar.

     Han recurrido a las autoridades, pero no han encontrado respuesta ni en Conagua, ni en el gobierno local. Esperan que el nuevo gobierno estatal, haga valer un convenio firmado con el gobierno de Morelos en el 2007 para no perjudicar a los habitantes de la región donde está instalada la fábrica.

     Ellos, los campesinos, no buscan empleo en Cruz Azul, quieren que no perjudiquen su actividad que es la agricultura y que no dañen la salud de sus familias.

      Según los informantes, las emisiones de los residuos sólidos urbanos empleados como combustible, provocan malformaciones congénitas, diversos tipos de cáncer y daños al sistema inmunológico.

      Los banqueros reunidos en Acapulco, dijeron que ellos trabajarían con el próximo gobierno de la república, sea del PRI, del PAN, de Morena o un presidente independiente de cualquier partido.

      Curiosamente no incluyeron al PRD, que durante varios años fue considerado como la tercera fuerza política del país.

      Y es que aunque los dirigentes perredistas no lo digan ni quieran aceptarlo, la percepción general es  que el perredismo vive sus últimos momentos. Algunos comentaristas políticos, ya lo empezaron a incluir entre “la chiquillería” o sea los mini-partidos cuya máxima preocupación en tiempo electoral, es ver con cual de los grandes partidos se alían, pues se niegan a desaparecer de la nómina federal y de los estados, pues dejarían de percibir las millonarias prerrogativas que reciben mensualmente a pesar de que carecen de estructura, de organización y de militantes.

      Alguien ha dicho ya, que la “democracia mexicana”, es la más cara del mundo y la más ineficiente.