•    Contaron con la participación de mujeres de todos los sectores, salud, derecho, educación, madres solteras, amas de casa, estudiantes, jefas de familia.
•    Destaca la petición de impartición de justicia ante problemas de violencia de género y violencia familiar.

ZOQUITLÁN, PUE. – “Proteger y preservar ha sido la misión de las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad, por eso es indispensable reconocer en primer orden los derechos de la mujer indígena, sobre todo en comunidades donde muchas de ellas aún conservan su lengua materna y sus usos y costumbres, que a la vez las limita al momento de intentar acceder a la justicia”, dijo la directora general del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI), Apolinaria Martínez Arrollo.

Al participar en las “Mesas de Trabajo por el acceso a los Derechos de la Mujer Indígena”, organizadas por el IPPI y el Ayuntamiento de Zoquitlán, se propuso identificar las limitaciones en el acceso de derechos indígenas en materia de género y la discriminación interseccional, además de recepcionar propuestas de acciones públicas que permitan garantizar el acceso a los derechos de las mujeres indígenas.

Así como la difusión de las acciones y medidas que realiza el instituto con relación a los derechos de las mujeres indígenas, elaborar un diagnóstico general del Estado por regiones sobre el acceso y ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas en Puebla.

Por su parte el presidente municipal, Cristóbal Coello Maceda, dio la bienvenida a las mujeres asistentes, provenientes de 20 municipios distintos que forman parte de la región Valle de Tehuacán y Sierra Negra y a los respectivos alcaldes, a la Maestra Coral Franco Medina – Fiscal de Derechos Humanos y expresó su reconocimiento por el interés y compromiso con la sociedad y las mujeres indígenas.

Al concluir los trabajos se determinó realizar acciones que promuevan el acceso a los derechos de las mujeres indígenas en su lengua originaria, asesorías, seguimiento y apoyo en los casos donde la mujer indígena carece de la posibilidad económica, comunicativa y académica que obstruyan el acceso a sus derechos.