Desde que el ex presidente AMLO, propuso la reforma al poder judicial, en la ceremonia conmemorativa del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 2024, en el paquete de reformas de lo que denominó como el plan C, una de las que más criticas y cuestionamientos recibió fue precisamente la del poder judicial, no sólo por dar fin a la independencia de dicho poder, que ahora mediante la elección popular de los ministros, magistrados y jueces de distrito, implicaría que tanto el poder ejecutivo, como el legislativo se inmiscuyeran en el proceso de elección; sino también por el hecho de que la reforma en si, por su contenido y lo que representa, estaría violando el T-MEC suscrito entre Estados Unidos, Canadá y México, ya que el estado mexicano, dejaría de dar certeza jurídica a los inversionistas de dichos países y aún de consumarse la elección de los funcionarios judiciales, por la desconfianza que ello genera, les obligaría a llevar los casos a tribunales internacionales.

Pese a lo anterior, aunque México desde la llegada del presidente Donald Trump, ha sido víctima de las amenazas y exigencias del vecino del norte, de aplicar aranceles a los productos que México exporta a Estados Unidos, y de que la presidenta Claudia Sheinbaum, todos los días ha tenido que salir a defender los intereses de nuestro país y a cumplir en la medida de lo posible lo solicitado por el inquilino de la casa blanca, como lo fue enviar diez mil elementos de la guardia nacional, a frenar la llegada de migrantes a la frontera con Estados Unidos, terminar con los carteles que introducen fentanilo al norte, de entregar a veintinueve capos que se encontraban en cárceles de nuestro país, esperando ser deportados, de entregar información de las empresas fachada que se dedicaron por años a blanquear dinero del narcotráfico, de detener el huachicol y a los grupos criminales, entre otras exigencias.

La semana que concluye, se sumaron dos exigencias más, derivadas precisamente de reformas aprobadas por las cámaras de diputados y senadores recientemente, como la prohibición de la venta en México, del maíz transgénico y que afecta a empresas estadounidenses y la exigencia de que México cumpla con el tratado de 1944, mediante el cual nuestro país, debe entregar agua al Estado de Texas, volviendo a amenazar al gobierno mexicano de aplicar los aranceles, sino se entrega el agua que se adeuda.

Bajo este escenario, y a pesar de que la ejecución de la reforma judicial, que se concretará en las  elecciones del próximo uno de junio en todo el país, será también un factor determinante y pretexto para que de nueva cuenta Estados Unidos, por el riesgo que corren las inversiones de empresas instaladas en nuestro país, acuse de violaciones al T-MEC al gobierno mexicano; todo el aparato de estado, principalmente el poder ejecutivo y el legislativo, con el visto bueno que les acaba de dar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que puedan promover las elecciones del poder judicial, se volcarán a hacer labor proselitista en forma pública y abierta, a fin de lograr que la votación crezca y con ello se legitime a quienes participan como candidatos a los diferentes cargos.

La elección por si misma, ya ha tenido un costo importante para el país, con los más de ocho mil millones de pesos que se destinaron por el INE para la organización del proceso
que a estas fechas, no permea en el ánimo de los ciudadanos, quienes no saben a ciencia cierta, que cargos se elegirán, no conocen a las candidatas y candidatos, no entienden la forma en que deben emitir su voto y peor aún el tiempo que deberán permanecer en la casilla a la espera de poder sufragar con más de seis boletas electorales.

Las campañas de las candidatas y candidatos a los cargos, con los candados que se les han impuesto, no han logrado llegar a un sector importante de la población, siendo física y humanamente imposible, que con tan pocos recursos puedan garantizar una votación que les permita ganar la elección.

Pero ninguna circunstancia, hasta ahora podrá frenar la elección del poder judicial y que finalmente, dicho poder pierda su independencia al estar controlado por los grupos políticos que les apoyen para llegar a los cargos.

Si ahora el poder ejecutivo y legislativo tienen el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, para promover la elección judicial, no sería extraño que los partidos políticos con registro nacional, soliciten lo mismo y que al final, todo mundo meta mano, en una elección, que desde las tómbolas que se llevaron a cabo en el Senado para integrar las listas finales de candidatos, se ha convertido en un circo, donde al final los únicos que perderemos seamos los ciudadanos, cuando solicitemos la intervención de los tribunales para resolver una controversia o solicitar justicia.

El único poder, que obligaría al estado mexicano, a dar marcha atrás a la reforma judicial, es el del Gobierno de los Estados Unidos, que tan sólo con un decreto del presidente Donald Trump o una amenaza en su cuenta de truth social, puede obligar a la presidenta Claudia Sheinbaum , a frenar un proceso electoral, diseñado para dar gusto al ex presidente López Obrador para consumar su venganza en contra del Poder Judicial de la Federación, por todos los agravios y resoluciones que no le fueron favorables durante su mandato.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.