Como lo escribí en mi colaboración de la semana pasada, el dos de junio de 2025, será recordado en los anales de la historia de México, como el inicio de una nueva época en la conformación del estado y en los hechos el fin de la división de poderes, que aunque continua vigente en nuestra Carta Magna, en los hechos dejará de funcionar, el primero de septiembre de este año, cuando entren en funciones los Ministros, Ministras, magistrados, magistradas y jueces del Poder Judicial de la federación, “electos por el pueblo” el primero de junio, bajo un esquema de origen viciado y con graves problemas en cuanto a su legalidad y en que se juntaron las peores prácticas de lo  que se ha denominado como el mayor fraude electoral del que se tenga conocimiento en los últimos años en el país.

La previsible baja participación de los ciudadanos en las elecciones, sin duda alguna fue la causa que obligó al oficialismo a echar mano de todos los métodos y argucias posibles, para lograr que finalmente llegaran a los cargos, los candidatos afines al movimiento de la cuarta transformación de la vida pública del país.

El uso descarado de los denominados acordeones que se repartieron a lo largo y ancho del país por los servidores de la nación, funcionarios de gobierno y a las estructuras de Morena, a fin de lograr llevar a los beneficiarios de los programas sociales a las urnas, fueron determinantes para evitar se colaran candidatos extraños o integrantes del Poder Judicial de la federación, que decidieron participar en el proceso, confiando en que podían ganar el mismo, con el apoyo de los ciudadanos y de que tenían la posibilidad de seguir laborando en dicho poder; a ellos se deben sumar a los candidatos orgánicos o espontáneos que ante los requisitos básicos que se pedían, llegaron a pensar que las elecciones se llevarían a cabo legalmente y que habría piso parejo.

Aún y cuando fue el propio oficialismo, quién impuso las condiciones al aprobar la reforma en ambas cámaras, para evitar hubiera irregularidades en el proceso, prohibiendo el uso de los medios masivos de comunicación para promocionar la imagen de los candidatos, los topes de gastos que podrían asignar a sus campañas, el uso de recursos y programas públicos, la no injerencia de los partidos políticos y sus estructuras para apoyar a determinados candidatos; al final fue el propio oficialismo quién alentó y ejecutó las acciones para manchar la elección, con la anuencia y complicidad del INE y en algunos casos con el aval de la Sala Superior del tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, organismos que están bajo su control.

La versión, de que los resultados de las elecciones ya estaban decididos, antes de la jornada, se fueron confirmando en las primeras horas del primero de junio, coincidiendo con los datos que aparecían en los acordeones que previamente fueron distribuidos entre los ciudadanos que el oficialismo se encargó de llevar a las casillas a través de sus operadores políticos.

Las irregularidades se fueron acumulando antes de la elección y el día en que se llevo a cabo la misma, con paquetes de boletas tachadas a favor de los candidatos de los acordeones, acarreo de votantes, compra de votos y la operación de las estructuras partidistas para trasladar los paquetes electorales.

Al final de la jornada, se habían contabilizado más de 29 denuncias por delitos electorales ante la fiscalía general de la República, más las que se presentaron en las de algunos estados donde se eligieron a Presidentes Municipales y a integrantes de los poderes judiciales.

Los números que dio a conocer el INE entre el domingo primero y el lunes dos, señalaron una participación del 13% del padrón de casi 100 millones de ciudadanos registrados en el padrón electoral con credencial para votar.

Dicho porcentaje se iría diluyendo en los dos días siguientes al abrirse los paquetes y dar cuenta los Consejos Distritales de casi dos millones de boletas con votos nulos y en blanco, donde miles de ciudadanos a su manera protestaron por una elección que nunca entendieron o de la que no estuvieron de acuerdo desde su aprobación.

A casi una semana de las elecciones, el triunfo de los candidatos respaldados por el oficialismo y muchos de ellos con militancia en Morena, tanto para la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior del tribunal Electoral federal, de los Magistrados de Circuito y de los Jueces de Distrito, se ha ido confirmando, por lo que tienen garantizado su puesto en el Poder Judicial de la federación, aunque hayan sido elegidos por uno de cada diez mexicanos, es decir, siendo justos su nivel de respaldo ciudadano es mínimo, por más que la presidenta y los lideres de las cámaras se empeñen en declarar que fue un triunfo del pueblo y de la democracia.

Falta que los observadores electorales extranjeros y los organismos que vinieron a México a presenciar las elecciones den a conocer lo que vieron y las irregularidades que detectaron; sin embargo, ello de ninguna forma podrá cambiar los resultados finales del proceso.

Por el bien del país y de los ciudadanos, el oficialismo debe revisar todo lo sucedido e impulsar una reforma que corrija todos los vicios e irregularidades que se detectaron, para evitar se repitan en las elecciones de 2027; reconocer en lo que se equivocaron y tratar de recuperar la confianza de los ciudadanos que decidieron no salir a votar o que anularon su voto; el mensaje es muy claro y sólo quien no quiera verlo, insistirá en que el fin justifica los medios y que como dijo el ex presidente AMLO, cuando el Senador Yunes se integró a la bancada de Morena para obtener los votos que necesitaba la 4T para la aprobación de la reforma judicial, afirmando que: a veces es necesario sacrificar principios, para lograr los fines lo que implicó el cierre de las carpetas de investigación que existían en contra del Senador en Veracruz por diversos delitos.

Las expectativas después de las elecciones, de que en México mejore la impartición de justicia y se termine con la corrupción y los vicios como el nepotismo e influyentismo, son casi nulas ya que los funcionarios judiciales, se sentirán tocados por dios, al haber sido elegidos por el pueblo y deberle su cargo al oficialismo, sin ningún compromiso con los ciudadanos.

*Director fundador del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.