• Aprobado en el Senado de la República, entrará en vigor en breve

Con la aprobación de siete leyes en el Senado de la República quedó conformado el Sistema Nacional Anticorrupción que en breve entrará en vigor, para investigar  y sancionar a funcionarios, empleados públicos  y privados  en actos de corrupción.

La Ley  General del Sistema Nacional Anticorrupción fue la primera aprobada, la cual tiene como finalidad coordinar las acciones de los tres órganos de gobierno: federal, locales y municipales, para combatir la corrupción en el país, informó el maestro en Derecho Constitucional Miguel Ángel Tejeda Ortega.

La Ley de Responsabilidades de servidores públicos, aprobada, contempla lo que es la “Ley 3de3”, por lo cual levantó polémica, ya que se refiere a que ahora también los empresarios que prestan servicio al gobierno, tendrán que presentar sus declaraciones correspondientes.

El Senado aprobó además la Ley de la Auditoría Fiscal de la Federación, que da amplio poder a la Auditoría Superior de la Federación, para fiscalizar  recursos y aportaciones federales que son destinados  a los gobiernos  locales y municipales.

Entre críticas fue igualmente aprobada la Ley de la Procuraduría General  de la República, porque algunos senadores adelantaron que va a depender de la Procuradora General de la República y se crea con un rango inferior al Procurador General de la República, por lo cual se  considerará a su titular como Subprocurador Fiscal Anticorrupción. En consecuencia estará subordinado al Procurador de la República, quien lo puede revocar o remover libremente.

El Código Penal Federal, que aumentará sanciones y penas a delitos como el soborno y cohecho, también fue aprobado. El soborno se da de parte de particulares a funcionarios públicos; y el cohecho, de funcionarios públicos que presionan a particulares para el ejercicio de su función, explicó el maestro constitucionalista.

Otra aprobación fue la de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para investigar y sancionar faltas que cometan funcionarios y empleados públicos.
 
Un documento más aprobado, que facultará a la Auditoría Fiscal de la Federación para fiscalizar aportaciones que se destinan a los gobiernos locales o municipales para obras de carácter federal, fue la Ley General de Fiscalización y Cuentas Públicas.

En periodo extraordinario de sesiones, desarrollado de lunes a viernes de la semana pasada, los senadores conformaron así el Sistema Nacional Anticorrupción, que tanto varios diputados como senadores calificaron como Sistema Nacional Anticorrupción sin dientes, porque aseguran que sus titulares  no tendrán plenas facultades para investigar y sancionar plenamente los actos de corrupción, ya que todos los integrantes son propuestos, en su mayoría, por el Presidente de la República y ratificados por el Senado.

Señalaron concretamente al Secretario de la Función Pública, al Fiscal Nacional Anticorrupción, a los magistrados  del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También a las siete personas que  integrarán el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al ser propuestos todos por el titular del Ejecutivo Federal,  las opiniones que emitan no serán obligatorias ni vinculatorias.
En forma irónica, el diputado independiente Manuel J. Clouthier Carrillo dijo que este Sistema Nacional Anticorrupción más bien debería llamarse Sistema Nacional de Simulación, porque en realidad dice que no va a acabar con la corrupción en México, y que además todo este tipo de estancias que se crean, va a costar mucho dinero a los mexicanos.

En su opinión, el maestro en Derecho Constitucional, Miguel Ángel Tejeda Ortega, dice que esta conformación del Sistema Nacional Anticorrupción “es un gran avance, porque no teníamos nada al respecto, y ojalá de verdad se castigue y sancione a todos aquellos funcionarios o particulares que cometan actos de corrupción”.

También aseguró que estas leyes no se podrán aplicar en forma retroactiva; por tanto, el Auditor Fiscal de la Federación no va a poder investigar  recursos que se dieron con anterioridad, ni la Fiscalía Nacional Anticorrupción podrá investigar  hechos acontecidos antes de que entre en vigor.