Columna | Desde el portal

 Aunque el secuestro, tortura y ejecución de la maestra Irma Hernández Cruz ocurrió en Álamo Temapache, Veracruz, el mensaje de los delincuentes no fue para el gremio al que pertenecía la malograda profesora, sino para todo el país, donde la delincuencia organizada actúa con toda impunidad y en donde cada vez avanza más en el control de la Nación.

 Todos pueden terminar como yo, señaló la maestra sometida, arrodillada, rodeada de armados que le escribieron el guion para su gremio -para que lo escuchen todos-, y acepten el pago de piso si es que desean seguir viviendo, trabajando, en medio del terror en una comunidad donde se ha asentado la delincuencia y donde no impera más ley que la del crimen.

 El Gabinete de seguridad no se da a vasto para atender hechos de alto impacto que ocurren las 24 horas en diversas regiones del país, sus reuniones desde Palacio Nacional apenas y logran obtener información de las fiscalías locales y de las policías municipales, generalmente confabuladas con la delincuencia organizada y sin recursos para actuar en contra de ellos, que son los mismos.

 Lamentable espectáculo mundial: ejecuciones a la vista de todos y, si las víctimas -cualquiera puede ser-, no aguanta las torturas o la presión sicológica, puede morir de un paro cardiaco, y esa es su culpa, por no estar emocionalmente en condiciones de aguantar las prácticas de la barbarie de quienes no respetan los valores de la convivencia civilizada.

TURBULENCIAS

Tabasco, implicaciones leyes y políticas

En ese mismo tenor se encuentra el caso de La Barredora en Tabasco: todos sabían de la complicidad del mando policiaco Hernández Bermúdez con la delincuencia organizada, menos los gobernadores y los mandos federales que diariamente presidían las mesas de “seguridad” en Villahermosa y que han sido exhibidos en todo el país. El fácil recurso de decir que se ignoraba todo no es más que un manto protector a este tipo de asociación política-delicuencial que, mientras no se rompa, México seguirá a expensas de la violencia y de la Ley de la Selva, mezcla propicia para justificar la intervención extranjera, no sólo para proteger a sus connacionales radicados o de visita en el país, sino porque constituyen una verdadera amenaza para su territorio, como vecinos que somos…Sin embargo, la sociedad civil nada puede hacer ante el embate de la delincuencia que supera en armamento, inteligencia y decisión, al Estado mexicano. Y todo está a la vista de todos: a un año de desatarse la violencia por la captura/secuestro del Mayo, no se ha podido avanzar más que en el perfeccionamiento de los métodos de defensa de los delincuentes y el aumento de los gendarmes que se ven impedidos de someter a los mafiosos. El caso de Álamo y la irracionalidad que a conmovido al mundo, aunque se quiera minimizarlo, traerá graves consecuencias para el país: ningún respeto a una mujer, adulta mayor, profesora, trabajadora del volante, madre de familia, nada conmovió a sus verdugos. Ese es el fondo del asunto: la pérdida de valores y el auge de la bestialidad que domina el país…En tanto Estados Unidos sigue buscando y encontrando -porque nada se puede ocultar-, motivos para justificar una intervención militar en México: violencia e impunidad…Los conflictos sociales en  Oaxaca salen a flote con más insistencia en tiempos de fiesta: amenazas de bloqueo a los eventos regenteados por funcionarios públicos sino se resuelven sus problemas; y los negociantes tienen que encontrar formas de amainar el temporal de demandas que van desde el cierre de carreteras o de calles hasta la toma de casetas de peaje y movilizaciones…

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