Columna | P u l s o   P o l i t i c o

    La impunidad, propiciada por la corrupción, es la causa del crecimiento desorbitado de la inseguridad y de la violencia. Un delito que queda impune, propicia que se sigan cometiendo muchos más.

    Ayer el procurador o fiscal del estado, dio a conocer la aprehensión de la banda “del Güero”, responsable del asesinato de un niño de dos años en la autopista México-Puebla y de la violación de una señora y su hija de 15 años. Los hechos ocurrieron este mismo mes y ya fueron aclarados y detenidos los responsables.

     Desde hace años, las fuerzas del orden, no habían procedido con tal rapidez y eficiencia, ¿qué pasó?

     Que esos hechos conmovieron al país y tuvieron trascendencia internacional. Una familia que viajaba de la ciudad de México a Quecholac, en Puebla, al detenerse cerca de San Martín Texmelucan, fueron asaltados por jóvenes que viajaban en una camioneta y exigieron al jefe de la familia la entrega del vehículo y dispararon matando a un niño de solo dos años de edad que iba en brazos de su madre y luego procedieron a vejar a las mujeres habiendo golpeado al esposo y padre de ambas.

      La noticia causó indignación en el país y en el mundo. Habíamos rebasado ya los límites de brutalidad y salvajismo que se han visto en otras partes. Y eso ocurría nada menos que en Puebla, una entidad que en los últimos años, venía presumiendo de ser una de las más seguras de la república.

      La presión social obligó a las autoridades a exigir resultados rápidos a los jefes policiacos y estos trabajaron con eficiencia y responsabilidad y antes de un mes, no solo habían aclarado el caso, sino que habían detenido a los delincuentes.

      Eso demostró, que “sí se puede” combatir a la delincuencia organizada o desorganizada con eficacia y rapidez. Lo que pasa en que parece que no se quiere; que hay compromisos de policías o autoridades con las mafias del crimen, pero eso tiene que acabar, pues la paciencia de la ciudadanía está ya casi agotada.

      Ha sido precisamente esa irritación social, la que ha obligado a actuar rápidos y furiosos a los elementos policiacos que tomaron parte en este caso y los resultados están a la vista.

       La Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad, los cuerpos policiacos estatales coordinados con las fuerzas federales, están obligadas a dar los mejores resultados de aquí en adelante. Han demostrado que pueden y ahora la ciudadanía les exigirá que sigan “pudiendo”.

       Cada día los hechos delictuosos van en aumento y tendrán mucho trabajo por delante.

        Tan solo en la jornada del domingo los periódicos dieron noticias muy preocupantes: en esta capital fue asaltada en la madrugada, una pozolería en la colonia Amor, habiendo perdido la vida un hombre y su hijo, propietarios del negocio, que se opusieron a que sus clientes fueran asaltados. En Atlixco, fue asesinada una mujer al parecer por su esposo. En Chinantla, sur del estado, fue muerto un taxista de siete tiros y su vehículo encontrado a la salida a Tecomatlán.

          En el municipio de Juan N. Méndez, dos jóvenes que viajaban en una motocicleta, mataron a tiros a un fumigador de cebolla, en el momento en que trabajaba, ante varios testigos.

         Y así por el estilo, podemos recorrer el Estado y encontrar numerosos casos de asaltos en autobuses de transporte público en el trayecto de Xicotepec a Huauchinango; secuestros, amenazas de asesinatos y robos con violencia en Tehuacán, en San Martín Texmelucan, en Teziutlán; robo de ganado en Zacapoaxtla; robos de autos y agresiones en Izúcar de Matamoros y así podríamos seguir hasta el infinito.

        El gobierno de Antonio Gali, ya se decidió a dar la batalla contra la delincuencia y ahora debe continuarla con éxito. Los ciudadanos están hartos de mentiras y simulaciones. El actual gobierno estatal decidió entrarle al Círculo Rojo a combatir a los huachicoleros y ya se destapó la cloaca en la que están implicadas autoridades municipales, según se ha visto y también elementos policiacos.

       Son acciones que permitirán que la gente vuelva a confiar en las instituciones.

       Nadie se resigna a dejar el campo libre a los grupos delincuenciales. Hay estados, como Michoacán y Guerrero, donde la población civil ha tenido que armarse y organizarse, ante el desprestigio, por ineficiencia, de las llamadas fuerzas del orden.

       Será una labor difícil pero hay que hacerla. Las autoridades federales, estatales y municipales, están obligadas a ello, pues la ciudadanía les dio el poder para que resuelvan esos y otros muchos problemas, pero el de la seguridad es básico para poder avanzar en todo lo demás.