Columna | P u l s o    P o l i t i c o
 
       La Asamblea Estatal del PRI, fue demasiado corta, nos dicen priistas que estuvieron ahí. En una sola tarde, la del martes, se desahogaron todos los asuntos. De hecho, como ha sido la tradición en ese partido, ya todo “estaba planchado”. La presencia de mil quinientos delegados, de senadores, del nuevo delegado del comité nacional y de don José Murad, alto miembro de la dirigencia nacional, fue solo testimonial.
       Murad, el conocido político oaxaqueño, ex gobernador de su estado y padre del actual gobernador, escuchó las quejas de algunos representantes de los grupos que luchan por posiciones de elección popular, para las elecciones del 2018 y dijo que se estudiarían.

      No hubo ninguna mención de los graves problemas que se confrontan en México y en Puebla.

      A la Asamblea Nacional de agosto, en la ciudad de México, irán 500 delegados poblanos. Es posible que no lleven propuestas concretas y que el desarrollo de la asamblea, sea como la de Puebla, breve, ya con acuerdos “planchados” como dicen los propios priistas y sin mayores implicaciones.

      México y desde luego el estado de Puebla tiene problemas de inseguridad, de pobreza, de desempleo, de falta de atención médica eficiente, en fin….pero lo que interesa en estos momentos al PRI y a todos los partidos políticos, no es la discusión de la problemática nacional, sino las medidas que se tomarán para “ganar” las próximas elecciones.

        El asesinato ayer de una hija de Simitrio, el líder de la “28 de Octubre”, en las oficinas de esa organización de vendedores ambulantes y en las primeras horas de la mañana de ayer, ha encendido todos los focos rojos de esta capital.

       Ayer no se hablaba de otra cosa en los cafés, en las reuniones de amigos y conocidos, entre las personas de todas las clases sociales y todos se preguntaban “¿Y ahora qué va a pasar?”

        Hay temor de que se agrave la violencia con las consecuencias que eso conlleva para toda la población.

        La lucha contra el robo de combustible y ahora este hecho ponen a Puebla en el ojo del huracán, como han estado y están otras entidades del país.

        Todas las personas descartan que el crimen haya sido obra del gobierno, pero opinan que el jefe del ejecutivo debe hacer cambios en su equipo de seguridad y de justicia, pues hay desconfianza en varios funcionarios que proceden de la pasada administración.

        El delegado del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, INSUS, Alberto Jiménez Arroyo, en plática con un grupo de columnistas, afirmó que está por concretarse la regularización de 10 mil escrituras de propietarios de predios en esta capital y su zona conurbada.

         Esto ha sido posible, gracias a que tanto el gobernador del Estado, como la autoridad municipal, aceptaron coordinarse y colaborar con el INSUS, para acelerar los trámites a fin de que diez mil familias poblanas, tengan ya sus papeles en regla para asegurar su patrimonio y el de sus hijos.

        También se ha contado con el apoyo del subsecretario de SEDATU, Juan Carlos Lastiri, pues esa dependencia maneja asuntos que antes eran competencia de la Reforma Agraria.

        Por lo general, los terrenos que ahora son vivienda urbana, fueron parte de ejidos que se fraccionaron y se vendieron a particulares para la construcción de sus casas.

        Así han surgido numerosas colonias populares en la ciudad de Puebla y su zona conurbada, que no están dentro de la legalidad.

        Hacer los trámites para regularizar la propiedad de esas tierras, ha sido largo y difícil, pues hubo poca atención a este problema durante los gobiernos federales de Fox y Calderón.

         Ya se tienen los decretos de expropiación a favor de CORETT, que pertenecían a seis ejidos: Guadalupe Hidalgo, San Miguel Canoa, San Bernabé Temoxtitla, San Salvador Chachapa, San Pablo Xochimehuacán y Guadalupe Hidalgo VII. Son 25 colonias las que ahí se han formado y son propiedad de 10 mil familias que serán beneficiadas por la regularización de sus predios, este mismo año.

        Dicha regularización traerá como consecuencia, el pago del impuesto predial al municipio por un lado y por el otro, el que los vecinos puedan demandar servicios de agua potable, drenaje, alumbrado público, pavimentación de calles y servicios educativos y de salud.

        Alberto Jiménez Arroyo, que ha demostrado ser un eficiente servidor público, dijo no aspirar de momento a ningún cargo de elección popular, pues su objetivo inmediato es el de terminar el proyecto de regularizar los diez mil predios que ya está a punto de culminar. Lo demás puede esperar.