Hay frases que de tanto repetirse parecen de adorno. “Lo que no se mide, no se puede mejorar” es una de ellas. Pero hoy, cuando México acaba de ser examinado en Ginebra por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, vuelve a tener un peso enorme. Fue la primera revisión del país en ocho años, desde las observaciones de 2018, y entre las preguntas de los expertos hubo una que resume bien el momento: ¿cómo sabremos si avanzamos en derechos sociales si ya no existe quien mida con independencia?

Se referían al CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Durante años fue la institución encargada de calcular la pobreza en México y de evaluar si los programas sociales funcionaban. En diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de “simplificación orgánica”, que extinguió siete organismos autónomos. Las funciones del CONEVAL pasaron al INEGI. El argumento oficial fue que estos organismos costaban mucho, que eran corruptos y que sólo se crearon para beneficio de los conservadores y neoliberales en los gobiernos del PRI y el PAN.

Sin embargo, dichas afirmaciones nunca se demostraron y ningún exfuncionario de dichos organismos se encuentra tras las rejas por corrupto o por haber protegido a la clase política gobernante desde su creación. Nadie puede estar en contra de que se cuide el gasto público y se eviten los desvíos de recursos; pero la decisión del movimiento de la 4T fue desaparecerlos y nunca justificar las razones en las que se fundaron para hacerlo.

El problema de fondo con el oficialismo es que dichos organismos no estaban bajo su control y les resultaban incómodos por lo que prefirieron eliminarlos para evitar exhibieran los fracasos de sus programas, proyectos y políticas públicas. 

El CONEVAL en su última medición, en 2022, reportó que la pobreza bajó de 43.9% a 36.3% de la población entre 2020 y 2022, es decir, de 55.7 a 46.8 millones de personas. Y hubo una noticia difícil: la carencia por acceso a servicios de salud pasó de 16.2% a 39.1% entre 2018 y 2022, de 20.1 a 50.4 millones de personas. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Un buen gobierno se alegra con la primera y se pone a trabajar de inmediato para atender la segunda, lo que nunca ocurrió y hoy vivimos una crisis en materia de salud que parece no tendrá fin en este sexenio.

Vale la pena aclarar qué significa ese indicador. Según la metodología oficial, una persona tiene esta carencia cuando no cuenta con afiliación o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución, ya sea pública o privada. No es lo mismo que estar enfermo, pero sí habla de quién tendría o no una puerta abierta si se enferma mañana. Para una familia que vive al día, esa diferencia pesa más que cualquier discurso o apoyo económico.

Para ser justos, también hay que reconocer lo que vino después. En agosto de 2025, el INEGI presentó por primera vez la medición de pobreza que antes hacía el CONEVAL Reportó que la pobreza bajó a 29.6% en 2024, unos 38.5 millones de personas, y que la carencia de salud descendió a 34.2%, alrededor de 44.5 millones. Son cifras alentadoras y muestran que el INEGI tiene capacidad técnica. Aun así, 44.5 millones de personas sin acceso a servicios de salud siguen siendo una cifra muy alta, mayor que la de 2018.

Entonces, ¿dónde está la preocupación? No en si los resultados salen bien o mal, sino en quién mide y con qué libertad. La autonomía no es un capricho de tecnócratas. Es lo que permite que un número bueno sea creíble y que uno malo sea atendido. Un termómetro sirve cuando nadie puede ajustarlo a su conveniencia.

En Ginebra, el Comité también preguntó por la reforma judicial, por la consulta a los pueblos indígenas en obras como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, y por el abasto de medicamentos. La delegación mexicana respondió con programas de nutrición escolar y de salud mental. Varias organizaciones civiles, entre ellas Disentir A.C., consideraron que las respuestas fueron insuficientes en datos. Esa es su valoración, y el Comité emitirá sus propias conclusiones.

Hay además una petición concreta que no debería incomodar a nadie: ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recomendación que el Comité hace desde 2018. Permitiría que una persona o una comunidad que sienta vulnerado su derecho a la salud, a la vivienda o a la educación pueda acudir directamente a esa instancia internacional. Es, en el fondo, una puerta más para quienes hoy tienen pocas.

Medir, además, no es un lujo académico. Sirve para decidir dónde construir una clínica, qué programa ampliar y cuál corregir antes de seguir gastando. Cada peso público que se destina a un apoyo social debería poder responder una pregunta simple: ¿le está sirviendo a quien más lo necesita? Sin una evaluación creíble, esa pregunta queda en el aire y la respuesta depende de quién tenga el micrófono.

Nada de esto se trata de bandos. Se trata de algo tan sencillo como escuchar, medir y corregir. Un país que mira de frente sus propias cifras, aunque duelan, es un país que puede mejorar. Y si la medición es independiente y pública, mejor todavía: todos, gobierno y ciudadanía, hablaremos con los mismos datos.

Referencias consultables

1. CONEVAL (2023). Comunicado 07: Medición de la pobreza multidimensional 2022. coneval.org.mx
2. INEGI (2025). Pobreza multidimensional 2024 (comunicado de prensa y tabulados). inegi.org.mx
3. Diario Oficial de la Federación (20 de diciembre de 2024). Decreto en materia de simplificación orgánica. dof.gob.mx
4. ONU, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR): examen a México y Protocolo Facultativo del PIDESC. ohchr.org
5. CONEVAL. Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (IEPDS) 2024. coneval.org.mx