• Aproximadamente 2 de cada 10 personas en Puebla no tiene acta de nacimiento.
• Ámbito legal y administrativo obstaculizan obtención de documentos de identidad.
• Proponen nuevas alternativas que garanticen el derecho a la identidad.

Representantes de la academia y sociedad civil dieron a conocer el Sexto Reporte Agenda Migrante Puebla: Derecho a la Identidad, un estudio que muestra el importante déficit del estado en la cobertura de registro, expedición y obtención de actas de nacimiento, así como las consecuencias para la población sin este documento, dentro y fuera de la entidad.

Todas las personas mexicanas tienen derecho a la identidad, es decir a tener un nombre y una nacionalidad, aún cuando hayan nacido fuera del país. El gobierno es responsable de garantizarlo de forma universal, inmediata y gratuita, como lo establece el artículo 4°  constitucional.

Sin embargo, en la práctica difícilmente se cumple. En el país, 14 millones de mexicanos carecen de acta de nacimiento, ellos representan 11.6 por ciento de la población nacional, según datos de los Registro Civiles obtenidos en 2015.

En ese año, Puebla registró un déficit similar al nacional, pues se calcula que 60.7 por ciento de los registros de nacimiento fueron oportunos (entre el nacimiento y el primer año de vida), 24.3 por ciento fue un registro tardío (entre uno y tres años de edad), y 15 por ciento corresponde a personas que no fueron registradas en la entidad, de acuerdo con información de los Registros Civiles del Estado.

La falta de este documento de identidad impide a la población el acceso a otros derechos fundamentales como la educación y la salud, sostienen especialistas en el Sexto Reporte, presentado hoy en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

El estudio, coordinado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la asociación civil Iniciativa Ciudadana Región Puebla, integrantes del  Observatorio Ciudadano sobre Políticas Públicas para Migrantes-Puebla, se divide en 4 artículos y un dossier con información actualizada sobre el derecho a la identidad en el estado y a nivel nacional.

El primer artículo aborda el tema de la identidad desde el ámbito legal y administrativo, y describe la forma en la que ambos aspectos se relacionan con el acceso a este derecho de la persona, su familia y comunidad.

Con el segundo artículo, el Sexto Reporte, publicado con el apoyo de Ayuda en Acción A.C. y Fundación San Ignacio de Loyola,  busca contribuir al análisis de la doble nacionalidad y ciudadanía, así como las implicaciones administrativas y jurídicas para los menores de edad nacidos en Estados Unidos y radicados en México sin un documento oficial de identidad.

El tercero tiene el objetivo de visibilizar la relación estrecha que existe entre la vulnerabilidad social y el acceso al derecho a la identidad de los migrantes indocumentados de origen poblano en ambos lados de la frontera.

El cuarto y último artículo busca comprender los avances y retos del gobierno federal, estatal y local para reconocer y garantizar el derecho a la identidad.

Para ello, se realizó una investigación en siete municipios poblanos: Atlixco, Cuautlancingo, Izúcar de Matamoros, Huaquechula, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, donde fue posible hacer un balance de la atención que brindan las autoridades a los migrantes retornados y a sus familias en materia de derecho a la identidad (registro oportuno de nacimiento y doble nacionalidad).

Este estudio tiene el propósito de generar una reflexión sobre las nuevas alternativas de vinculación integral que puede construirse entre los migrantes y los distintos niveles de gobierno para que se garantice el derecho a la identidad en el estado.

El Sexto Reporte fue presentado por Adriana Sletza Ortega Ramírez, académica e investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, Amanda Georgina González Ochoa de Iniciativa Ciudadana Región Puebla, Norberto Cólex Tello de la Unidad de Atención a Familias Migrantes, Cristina Cruz Carvajal, profesora de Sociología de la BUAP, Araceli Espinosa Márquez, Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS-Occidente), y Liliana González, segunda Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.