Columna | Desde el portal

 Luego que el secretario de Gobierno de Puebla, Diódoro Carrasco Altamirano, diera a conocer la revocación de la concesión a Cabify por haber contratado a Ricardo Alexis Díaz López, presunto feminicida de Mara Castillo el 8 de septiembre, la empresa responsabilizó a la Fiscalía General del estado de haber expedido carta de antecedentes no penales al chofer y cuestionó si con la cancelación de la licencia se resuelve el problema de la inseguridad en la entidad, donde suman 59 muertes de mujeres.

  La misma secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transporte, Martha Vélez Xaxalpa, indicó que la Ley del transporte reformada en el 2015 para dar acceso a empresas como Uber y Cabify establecen que es requisito para los conductores contar con carta de antecedentes no penales para garantizar la seguridad de los usuarios –cuestión que Cabify documenta que cumplió-, y que de nueva cuenta será reformada la Ley para contar con una base de datos en tiempo real de los choferes.

 El secretario de Gobierno, Diódoro Carrasco, a su vez indicó que Alexis había sido despedido en mayo de este mismo año por Uber y que ya había sido detenido en posesión de combustible robado, y aun así se le extendió la carta de buena conducta, gozaba de libertad y fue contratado por Cabify, por lo cual la empresa no cumplió con cumplir con los filtros de seguridad. Junto a la cancelación de la concesión, anunció las reformas señaladas por Vélez Xaxalpa.

 Es obvio que hay un alto grado de corrupción en la Fiscalía General de Puebla, tanto en la liberación de Alexis como en el extenderle un certificado de persona honorable a un consumado delincuente. Y si la aplicación de la Ley es pareja, deberá seguirse por determinar quién o quienes ordenaron la liberación del huachicolero que, en un país donde reina la impunidad, se movía como Juan por su casa. El caso de Mara debe servir para una ejemplar depuración de las instituciones de justicia.

TURBULENCIAS

Drama de nuevo sismo supera simulacro

 Cuando menos un centenar de muertos, y daños cuantiosos,  –CDMX, Morelos y Puebla- habían sido reportados ayer por la tarde luego del sismo de 6.8 o 7.1 ocurrido ayer a 32 años del sismo de 1985, para lo cual unas autoridades habían preparado un simulacro y otras suspendido. Veremos que hace el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, si hace política o gobierna. Nuestra solidaridad con las víctimas, que somos todos... La historiadora Patricia Galeana disertó en el Congreso mexiquense sobre la Constitución de 1917 y Roberto Emilio Alpizar González, secretario técnico de la Comisión para los Festejos del Centenario de la Constitución Mexicana y Mexiquense de 1917, destacó el interés del diputado Cruz Roa Sánchez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura estatal, y del diputado federal César Camacho Quiroz para propiciar este espacio conmemorativo y de reflexión. Sadot Sánchez Carreño, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), recordó el convenio de colaboración suscrito el 9 de diciembre de 2016, y mencionó que la Constitución estatal fue aprobada el 31 de octubre de 1917, promulgada el 8 de noviembre y entró vigor el 20 de noviembre del mismo año y en nombre de las cámaras de diputados federal y local entregaron a Patricia Galeana un reconocimiento y un facsimilar de la Constitución mexiquense de 1917, mientras que Victorino Barrios Dávalos, contralor del Poder Legislativo del Estado de México, celebró las aportaciones de la historiadora, toda vez que reflejan que hay mexicanas y mexicanos capaces de propiciar los cambios que requiere nuestro país…

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