Las candidaturas independientes en México, surgen como una vía alterna para eficientar la representación política en favor de los ciudadanos que no tiene una identidad con ninguno de los partidos políticos existentes, es decir, que los ciudadanos puedan competir por los cargos de elección sin necesidad de ser postulados por un partido político.

Lo anterior, surge a consecuencia del déficit democrático que se manifiesta de distintas formas como en la falta de interés  de los ciudadanos por todo aquello que implica la política, mucho de lo cual se relaciona con la falta de consolidación de un sistema de partidos plural y competitivo, caracterizado por una ausencia significativa de democracia interna.

Pero, ¿Cuánto abona la incorporación de candidaturas independientes a fortalecer los derechos políticos y civiles, entendidos como derechos humanos y a fortalecer el Estado democrático?

En el contexto social actual, la democracia se desarrolla de distintas formas y desde diferentes enfoques, siempre con el supuesto objetivo de satisfacer las necesidades sociales en los ámbitos que al poder compete.

A nivel mundial más de 80 países tienen consideradas las candidaturas independientes. Países con democracias consolidadas como Alemania, Portugal, España, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Estados Unidos, Japón, Suiza o bien en procesos de transición como Chile, Albania, Hungría, República Checa, Rusia, Ucrania, Polonia por mencionar algunos.

Con la Reforma Política-Electoral aprobada en febrero de 2014, se realizaron cambios estructurales tales como la centralización de la autoridad electoral, pasando del Instituto Federal Electoral (IFE) al nuevo Instituto Nacional Electoral (INE), al cual se le dio la autoridad, entre otras, de fiscalizar a los partidos políticos y la posibilidad de anular la elección en caso de violación en los topes de campaña. Pero sin duda lo más relevante, fue la legislación a las candidaturas independientes, mismas que ahora están contempladas en el artículo 35 de la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2014. Esta ley contempla 82 artículos enfocados exclusivamente a la incorporación de las candidaturas independientes a nuestro sistema político.

Sin embargo, no podemos basar en las candidaturas independientes el éxito y la solución a los problemas de credibilidad política, puesto que experiencias como la del “Bronco” en el Estado de Nuevo León como primer gobernador “Independiente” nos demuestran que la gobernabilidad, se encuentra sujeta a la capacidad de dialogo y acuerdos con los Partidos Políticos, que siguen conservando un peso fundamental en la toma de decisiones del gobierno, por otra parte, cabe señalar, que si bien es cierto, hay quien quiere incidir en la política con buenas intenciones, también existe la contraposición y las candidaturas independientes pueden acabar siendo una ruta privilegiada para que al final del día lleguen a los Poderes del Estado (ejecutivo y legislativo), protegiendo intereses que no queremos que estén ahí representados, no porque no seamos democráticos, sino porque están comprometidos con grupos que sólo buscan canonjías o privilegios.

Por lo anterior, el caso del financiamiento de las campañas es un tema que preocupa, ya que las condiciones económicas de un candidato independiente, no son equiparables a las de un partido político financiado con dinero público, lo que las convierte en un incentivo muy perverso para que el crimen organizado decida financiar campañas electorales o bien participar de manera directa en los procesos.

Italia, es un ejemplo de la forma en que la delincuencia organizada puede infiltrarse al grado de llevar a la investigación y disolución de gobiernos enteros, poniendo en jaque al sistema político entero. Una de las principales puertas de entrada de la mafia italiana fue, precisamente el uso de las candidaturas independientes empujadas en comunidades lejanas a los centros urbanos, con grados medios y altos de marginación social y con grandes necesidades de infraestructura ¿acaso no nos suenan las condiciones parecidas a muchas zonas de nuestro propio país?

Nada más romántico que lograr que sean los ciudadanos los que gobiernen pero también nada más riesgoso, pues la abundancia de políticos que se asumen como candidatos ciudadanos, con un pasado negro en los Partidos tradicionales o la posibilidad de que sea el medio para la infiltración del crimen organizado, debe ocupar a la autoridad electoral de investigar y autentificar la realidad de su independencia política y el origen de su financiamiento, para obligarlos a transparentarlo en todo momento. Cuidar las candidaturas independientes es una tarea que no sólo le corresponde a la autoridad electoral, sino también a los ciudadanos, para evitar lleguen a los cargos públicos representantes de la delincuencia organizada.