La organización de un proceso electoral tan complejo, por la trascendencia y número de puestos de representación que estarán en juego, Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales que integrarán el Congreso de la Unión. Además, la elección de 2,777 cargos locales como: ocho Gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 972 Diputaciones Locales, 1,596 Ayuntamientos, 184 Juntas Municipales y 16 Alcaldías, así como por ser el más costoso de la historia electoral mexicana, se encuentra inmerso en un escenario de incertidumbre institucional que presagia tormentas y seguramente también será el más impugnado de todos los tiempos.

Lo anterior, en razón de que, el Estado de Derecho se encuentra debilitado en su estructura por la falta de un Fiscal General, que a la fecha, no se ha nombrado. Debilitado también, por que México se encuentra inmerso en una crisis de corrupción e impunidad y a pesar de contar con todo un sistema nacional anticorrupción, no se ha nombrado al Fiscal Anticorrupción por falta de acuerdos y consenso en el Congreso. Debilitado, porque a un encargado del despacho de la PGR se le ocurrió correr al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) sin razón de peso, sino más bien por el hecho de estar investigando el caso de corrupción de funcionarios de PEMEX con ODEBRECH, que involucra a Emilio Lozoya al haber recibido un soborno millonario.

Es decir, la estructura encargada de la persecución, prevención y atención de delitos en el país se encuentra fracturada por la falta de los tres Fiscales más importantes, los cuales deberían estar actuando con plenitud de sus atribuciones y facultades para garantizar certeza de actuación a autoridades electorales, ciudadanos y candidatos, dentro del proceso electoral de características anteriormente referenciadas. Tres autoridades de gran relevancia para el buen funcionamiento del estado de derecho en nuestro país, pero que, desgraciadamente y sospechosamente, al iniciar este proceso electoral que es de gran importancia por los pleitos de los Partidos Políticos que buscan a toda costa jalar agua a su molino.

Sin embargo, nadie parece darse cuenta de lo peligroso de esta situación, evidenciar un aparato de procuración de justicia desmantelado, es el peor mensaje que podemos enviar a actores políticos sin escrúpulos, que se han mal acostumbrado a violar la ley para luego simplemente pedir perdón, como si eso fuera suficiente para borrar sus corruptelas, y que conste que no me estoy refiriendo a uno solo. Por ello converjo con Max Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al señalar que esta situación es dramática y que pone en riesgo los pocos avances democráticos que hemos alcanzado como nación.

Al estar ausente el servidor público, la responsabilidad institucional queda acéfala y exenta de sanción, porque al no existir un funcionario con la responsabilidad directa de atender las denuncias de corrupción por conductas delictivas tipificadas como delitos electorales cometidas por ciudadanos, servidores públicos, funcionarios electorales o partidarios, el proceso electoral corre un gran riesgo de ser considerado incierto e ilegal, ya que incluso se prevé que los grupos de la delincuencia organizada se meterán de lleno a apoyar a candidatos y a buscar a toda costa que se elijan a autoridades a modo, para seguir controlando Municipios y territorios completos, bajo la figura de la colusión, agravando la situación de inseguridad que se vive en varias zonas del país.

¿A quien conviene esta inobservancia a la ley?,¿ quienes terminarán por sacar provecho descalificando el proceso electoral si las cosas salen mal?, ¿no deberían ser los partidos políticos los más interesados en que todos los aspectos que rodean a un proceso electoral estuvieran dotados de certeza jurídica y de legalidad?

En fin, la demagogia que ha acompañado a las acciones y discurso de todos los partidos en los últimos años muestra el fracaso de 40 años de reformas político electorales aprobadas en su momento para acabar con los viejos vicios de los procesos de elección. Aunque se ha avanzado lentamente en materia de democratización, falta un trecho por recorrer. Hay que superar los últimos residuos del viejo sistema autoritario, especialmente en las leyes electorales. Si bien la restauración del derecho ciudadano a juzgar con base en desempeño puede ayudar a cambiar en el corto plazo los incentivos con los que opera nuestra élite política, necesita reglas que potencien el empoderamiento del ciudadano frente a los partidos y la exigencia de sus prerrogativas.

Se necesita fomentar e incrementar una cultura de participación política en el ciudadano y hacer ver que ésta no solo se resumen a un acto de ejercicio del voto cada 3 o 6 años, debemos pugnar por que las autoridades educativas, partidistas, electorales, gubernamentales actúen de forma integral para elevar el nivel de participación política ciudadana responsable, que se convierta en un auténtico instrumento de control y sanción a actuaciones sospechosas, corruptas y vergonzosas de partidos políticos y de autoridades como las que hoy presenciamos. “El juego sucio, ya comenzó y seguirá hasta después que concluya el proceso”