El 10 de octubre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma en materia política-electoral; y con ello, diversas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre éstas, la de mayor impacto fue la transformación que sufriría la Procuraduría General de la República.

Con lo anterior, se reformó el artículo 102 constitucional para quedar de la siguiente forma: “el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios…”, con lo cual desparece la actual PGR y se buscaría construir un órgano constitucional moderno autónomo e independiente, el cual coadyuvaría a vigorizar y fortalecer el sistema de procuración de justicia federal.

Para 2018, dicha transformación de la PGR en una Fiscalía General de la República autónoma, conformada por la fiscalía anticorrupción y la de delitos electorales, debería ser una realidad y estar funcionando a plenitud en su labor de acusación y de la investigación del delito.

Sin embargo, los tiempos electorales han perturbado el ejercicio legislativo para definir el diseño institucional en la ley secundaria de la Fiscalía General de la República y las Fiscalías Especializadas (Anticorrupción y de Delitos Electorales); por lo que, en un caso inédito en nuestro país, tenemos la ausencia de la titularidad de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con hechos de Corrupción.

Nuestros legisladores privilegiaron obtener el instrumento militar que les permita obtener el control sistémico de organización que puede acabar coartando la libertad y capacidad de decisión del electorado, a conferir certeza y legalidad al proceso electoral privilegiando las nombradas designaciones.

Nuevamente hicieron oídos sordos a congresos y foros internacionales, convocados por la Facultad de Derecho de la UNAM, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, entre otras instancias que hacían un llamado a la conciencia jurídica y técnica en el diseño de la fiscalía funcional para la apremiante realidad social.

La integración institucional de los Sistemas de Fiscalización, Transparencia, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial, el Sistema Nacional Anticorrupción además del Sistema Penitenciario son ineludiblemente acciones concatenadas que tendrían que ser tomadas en consideración para legitimar el resultado de ese proceso electoral.

Que dicho sea de paso, resulta el más complejo y trascendental en la vida democrática de nuestro país por el número de puestos de representación que estarán en juego, Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales que integrarán el Congreso de la Unión. Además, la elección de 2,777 cargos locales como: ocho Gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 972 Diputaciones Locales, 1,596 Ayuntamientos, 184 Juntas Municipales y 16 Alcaldías, así como por ser el más costoso de la historia electoral mexicana.

Pues bien ante todo lo anterior, es indudable que la reforma al artículo 102 constitucional, aún tiene un enorme reto que cumplir en el venidero 2018, estructurar el diseño de su Ley Orgánica, para por un lado, tratar de construir una institución de gran nobleza, que hoy es percibida por parte de la sociedad como generadora de impunidad y corrupción y por otro dejar de representará los intereses de la federación encargándose únicamente de representar a la sociedad y procurar justicia sin injerencia de otros poderes u órganos y libre de influencias políticas.