Como todos sabemos, después de haberse aprobado por el Congreso de la Unión  y promulgado por el Presidente Enrique Peña Nieto, la Ley de Seguridad Interior, a pesar de la inconformidad de diversos grupos y organismos nacionales e internacionales  diversos actores políticos y sobre todo sociales, han iniciado una ofensiva jurídica en su contra, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para buscar poner a salvo el régimen democrático de nuestra nación y los derechos humanos de los mexicanos.

Lo cual, ha puesto en jaque la labor del máximo tribunal jurisdiccional de nuestro país, puesto que tendrá que demostrar que realmente es un poder autónomo y que la división de poderes estipulada en nuestra Constitución es una realidad normativa y no una ideología demagógica.

Sin lugar a dudas, el momento histórico le pertenece a la SCJN, pues esta ante la oportunidad de demostrar que en México no existe abuso de poder y que su función es realmente la de limitar y equilibrar el poder público para evitar el ejercicio de un autoritarismo y con ello cumplir con el slogan publicitario que pregona en los medios “Suprema Corte de Justicia de la Nación, garante de tus derechos”

El reto para el tercero de nuestros poderes es mayúsculo, puesto que sin contar con nuestra representación directa, ahora tiene el deber de salvaguardar la democracia y los derechos humanos ante la imposición de la Ley de Seguridad Interior y demostrar que nuestro país funciona con sus instituciones y no por caprichos o por intereses electorales, del grupo en el poder.

Lo único cierto es que las personas comunes no podemos conocer los riesgos a la seguridad interior con certeza y oportunidad, por lo que buena parte de las intervenciones militares pretextadas en ella se prestan a la arbitrariedad, es decir, pretenden fundamentar seguridad jurídica con ausencia total de la misma?

Conforme a lo anterior, la SCJN requerirá de un análisis pormenorizado de las violaciones que contiene dicha ley a diversas disposiciones de nuestra Constitución y las afectaciones que dicho ordenamiento causa a nuestro régimen, para que en aplicación del principio de suplencia de la queja, a que está obligado en acciones de inconstitucionalidad, y en absoluta imparcialidad y apego a criterios jurídicos pueda resolver sensatamente terminando por echar abajo este engendro legislativo.

Ahora bien, existe también la posibilidad de que la SCJN se una a esa forma de actuación alejada de la realidad y de una total insensibilidad social, evidenciada por el Presidente de la Republica y por los integrantes del Congreso de la Unión, y defienda lo indefendible, sin embargo, de suceder, tendrá que ser el embrión que termine por despertar y unir a los mexicanos para presentar batalla jurídica ante instancias internacionales que los obligue a cumplir con su labor como garante de justicia.

No hay que perder de vista que la Seguridad Nacional comprende la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación y para preservarla, el presidente dispone solamente de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y adicionalmente la Guardia Nacional, pero nunca la policía.

Por lo tanto la intervención de estas, solo se presta a admitir que nos encontramos inmersos en una situación de guerra, la cual, podría interpretarse como un conflicto armado interior. Situación que puede echar abajo el máximo tribunal de nuestro país, después de un análisis de la exposición de motivos y argumentos que presentaron los legisladores que dieron su voto para aprobar dicha ley.

En los próximos días, seremos testigos de cuantos Municipios, además del de San Pedro Cholula del Estado de Puebla, presentan más Acciones de Inconstitucionalidad en contra de la ley de Seguridad Interior o bien si organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos promueven una acción en el mismo sentido. Habrá que estar pendientes, de la forma en que voten los Ministros de la Corte al resolver estas acciones, para saber si finalmente el Presidente de la República cuenta con los apoyos necesarios para mantener la ley y proceder a aplicarla en todos sus términos, so pretexto de una guerra en contra de la delincuencia organizada y los carteles de narcotraficantes, que a más de diez años de su inicio y de la acción de las fuerzas armadas, sólo ha hecho crecer la delincuencia y el número de víctimas que a Diciembre de 2017, ascendieron a más de dos mil por mes. En mi opinión, la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, presagia para millones de mexicanos que: “Lo peor, está por venir”