Los "moches", una palabra que en México se usa cuando alguien entrega algo -digamos dinero- en espera de recibir otra cosa y que lamentablemente ya forma parte de una página vergonzosa a nivel político dentro del mismísimo congreso federal, y que sorprendió incluso a un país que históricamente ha padecido la corrupción en distintos aspectos de la vida diaria.

Nuestra nación conoció de esta práctica a finales de 2013, a través de dichos -en su mayoría anónimos- en la prensa, aunque un nombre comenzó a repetirse como quien sería uno de los principales involucrados en el cobro de coimas, o "moches": Luis Alberto Villarreal, diputado federal y coordinador del conservador Partido Acción Nacional (PAN) en la cámara baja.

Algunos alcaldes del centro y norte manifestaron en privado que legisladores federales, de manera directa o a través de enviados, les exigieron "moches" para agilizarles la llegada de recursos federales, que en muchos casos representan la mayor parte del dinero que un municipio puede disponer para realizar obras públicas. Dicen que también se les pidió escoger empresas relacionadas con los congresistas para realizar los trabajos en sus localidades.

Pues bien, esta práctica vergonzosa y ruin de nuestros representantes populares, lejos de ser castigada ejemplarmente para combatir a estos personajes corruptos que laceran el constructo social de un país herido gravemente por este cáncer de corruptela a nivel master, se apoltronó. El gobierno federal ha tenido a bien determinar, para combatir esta práctica, la desaparición de los fondos relacionados con "los moches", de acuerdo a la propuesta programática del presupuesto de egresos de 2017.

Hágame usted el favor, lejos de castigar a los corruptos, opta por desaparecer los programas que están direccionados a favorecer a la gente de los municipios y distritos que ellos representan y por la que los diputados y senadores gozan del status de vida y poder que ostentan.

En el documento enviado a la Cámara de Diputados sobre estructura presupuestal del próximo año, se informa de la desaparición de 18 programas y que habrá un total de 858.

Entre los programas que desaparecen está el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, creado por los grupos parlamentarios en las negociaciones del presupuesto 2016.

Otros programas que desaparecen son Localización y Registro de Terrenos Nacionales, de la Secretaría de Desarrollo Urbano; el Fondo de Apoyo a Migrantes y el Programa para la fiscalización del gasto federalizado, de la partida Provisiones salariales y económicas, de Hacienda.

Desaparece también la referencia a los fondos de Infraestructura Deportiva y el Fondo de Cultura, que estaban relacionados con los moches y que para el Presupuesto de 2016 se fusionaron en el Fondo para el Fortalecimiento de Infraestructura.

Además, se cancelan los programas para el desarrollo regional, como son el fondo para Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste, el programa para el Rescate del Acapulco Tradicional, el Fondo para Fronteras y el Fondo Sur-Sureste.

Y para rematar, la Secretaría de Hacienda también incluyó en los programas a desaparecer los apoyos que se dieron por varios años para la implementación del nuevo sistema penal acusatorio.

Entre ellos, los subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, que dependía de Gobernación, y el considerado por Hacienda, también llamado Implementación del Sistema de Justicia Penal. ¡Como si ya se hubiera perfeccionado la aplicación de éste nuevo sistema que acaba de entrar en vigor y no existieran disparidades tanto en la entidades federativas como en las instancias implicadas en su instrumentación.