Una de las frases que más utilizó en sus discursos de campaña Andrés Manuel López Obrador virtual Presidente electo, para ganar el voto de los ciudadanos fue: “No puede existir un gobierno rico, mientras exista un pueblo pobre” Condenando los gastos excesivos y dispendio del presupuesto de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, así como de los funcionarios de primer nivel, conocida como la “Alta burocracia” discurso con el que bosquejó una de sus primeras decisiones en el Gobierno: la de disminuir los desorbitantes salarios de los funcionarios y de las prerrogativas de los Partidos Políticos, cuyos excesos originaron la indignación y condena de la sociedad y que sin embargo, nunca lograron evitar el gasto escandaloso de todos conocido.

El proceso electoral terminó y con los resultados que arrojó empiezan a verse movimientos que impactan la vida política y social de nuestro país, de los principales esta el denominado “plan de austeridad republicana” que el presidente electo ha anunciado como su primer decisión presidencial, y aunque no en todos los sectores ha sido vista con buenos ojos, lo cierto es que los cincuenta puntos de ese plan de entrada recogen una gran parte de las demandas y sentir ciudadano, ante el hartazgo y desesperación de las políticas y decisiones de las tres principales fuerzas políticas del país PRI, PAN y PRD y de sus partidos satélites.

El mencionado plan, tienen como objetivo primeramente erradicar la corrupción de nuestro sistema de gobierno así como combatir un viejo reclamo social , el derroche, privilegios y dilapidación de recursos públicos con gastos innecesarios y sin ningún objetivo social.

El documento plantea que el gobierno opere con el 30% de la estructura actual de mando, es decir, que se recorte en ese porcentaje las plazas de los altos mandos burocráticos, así como también, reducir los sueldos de los funcionarios que ganan más de un millón de pesos anuales, incluido el propio presidente de la República, a quien se le reduciría el sueldo a la mitad de lo que recibe el actual presidente, además de fijar como una política de Estado, que ningún funcionario podrá recibir un sueldo superior al del Ejecutivo federal.

Con esta medida se proyecta ahorrar, 56 mil 130 millones de pesos por reducción de salarios y 6 mil 986 millones de pesos por el recorte de plazas directivas, de igual forma tener un mayor control en plazas de honorarios, de personal eventual y de pago de bonos a funcionarios, que implicaría un ahorro de 27 mil 326 millones de pesos.

Por otra parte, la eliminación del seguro de gastos médicos mayores y que todo funcionario público tenga servicio médico en el ISSSTE, generaría un ahorro de 4 mil 700 millones de pesos, aunado a que ya no van a recibir dinero para gasolina, lo que permitiría ahorrar 156 millones de pesos anuales. Asimismo, al reducir las asignaciones de vehículos a burócratas y no comprar ningún coche nuevo, implicaría un ahorro en el presupuesto de 304 millones de pesos.

Como podemos observar, si también, los gastos en viáticos y pasajes son reducidos a la mitad, se ahorrarían 9 mil 351 millones anuales, por lo que haciendo un aproximado, el ahorro total al quitar privilegios a los servidores públicos sería de 14 mil 786 millones de pesos, sin contar el ahorro que implica el pago a los miembros del estado mayor presidencial.

Aunado a que el plan de gobierno de AMLO incluye la reducción salarial de los funcionarios en activo, también de los expresidentes de México y el personal a su servicio. Según AMLO, los expresidentes reciben una pensión de cinco millones de pesos mensuales.

En total el plan prevé diversos ahorros que ascenderían a 90 mil 15 millones de pesos en un año, así como, ahorrarse 217 mil 475 millones solo en reorientar el gasto del gobierno federal.

El plan de austeridad de López Obrador es algo que gran parte de la población viene suplicando desde hace muchos años de dispendio y dilapidación de recursos públicos, los ajustes a los salarios y los recortes de plazas del alto nivel son necesarios, aunque cuesten la dimisión de miles de funcionarios. Este sería el costo por años de excesos promovidos por la vieja clase política, cuyas fortunas también deberían ser investigadas y en su caso fincar responsabilidades a quienes hayan cometido peculado o desvío de recursos públicos, para que sean devueltos al patrimonio del Estado y porque no también, veamos en prisión a funcionarios del gabinete actual, encarcelados por tales abusos, ahí están por ejemplo Rosario Robles Berlanga de SEDATU y Gerardo Ruiz Esparza de la SCT, así como Carlos Romero Deschamps, a quienes un gran sector de mexicanos les complacería se castiguen sus fechorías y excesos que son del dominio público.